Mendoza se prepara para un nuevo escenario si avanza la reforma de la Ley 26.639
El debate por la modificación de la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciales en Argentina, volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y productiva del país. Mientras la discusión avanza en el Congreso, la provincia de Mendoza ya analiza cómo actuará en caso de que el proyecto sea finalmente aprobado.
La normativa vigente fue sancionada en 2010 con el objetivo de preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para consumo humano, riego y recarga de cuencas, además de proteger la biodiversidad y promover la investigación científica. La reforma impulsada por el Gobierno nacional —que ya obtuvo dictámenes favorables en comisiones del Senado y podría llegar al recinto tras el tratamiento de la Reforma Laboral— propone otorgar mayor protagonismo a las provincias en la administración y definición de las áreas alcanzadas por la protección.
Desde el Ejecutivo mendocino sostienen que la discusión excede a la minería y apunta a “ordenar la aplicación” de la ley, despejando vacíos técnicos e interpretativos que, según argumentan, hoy generan incertidumbre y trabas para inversiones y actividades productivas. Aseguran que la reforma no implicaría una habilitación automática de proyectos extractivos, sino la posibilidad de dictar una normativa provincial que precise cómo deben realizarse los estudios ambientales, el relevamiento de glaciares y del ambiente periglacial, y qué criterios técnicos se aplicarán.
En ese escenario, la primera medida que impulsaría Mendoza sería la sanción de una ley local que establezca reglas claras para la gestión de estos espacios, similar a lo implementado en otras áreas ambientales. La intención oficial es otorgar mayor seguridad jurídica, definir con mayor precisión los requisitos de las evaluaciones de impacto ambiental y establecer roles técnicos de control y fiscalización.
El debate se desarrolla en un clima de posiciones encontradas. Organizaciones ambientales advierten que una eventual flexibilización podría poner en riesgo reservas hídricas estratégicas en un contexto de crisis climática y retroceso de glaciares. En contraposición, representantes empresariales y sectores productivos consideran necesaria una clarificación de competencias que facilite inversiones, particularmente en minería.
Para Mendoza —provincia cordillerana con cuencas hídricas clave, al igual que San Juan— la eventual modificación de la Ley 26.639 representa el desafío de equilibrar la protección de recursos hídricos estratégicos con la necesidad de contar con marcos normativos claros que orienten la gestión técnica y científica de estos ambientes sensibles.
