Organizaciones ambientales presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA y proteger el acceso al agua

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó un amparo colectivo con el objetivo de frenar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. Las entidades sostienen que la venta de la empresa estatal pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas de agua potable, cloacas y saneamiento ambiental que benefician a millones de personas.

La acción judicial fue promovida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Según explicaron las organizaciones, el objetivo del amparo es resguardar el derecho humano al agua potable frente a un proceso de privatización que, aseguran, prioriza criterios de rentabilidad económica por sobre el interés público y podría comprometer la ejecución de obras fundamentales, entre ellas las vinculadas al Sistema Riachuelo.

Preocupación por el futuro del Sistema Riachuelo

Las organizaciones remarcaron que AySA cumple un rol central en la ejecución de las obras del Sistema Riachuelo, considerado uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes de Argentina.

Estas intervenciones buscan reducir la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ampliar el acceso a servicios de agua y saneamiento y mejorar las condiciones de vida de más de 4,7 millones de personas que habitan esa región.

En ese sentido, advirtieron que un eventual cambio en el modelo de gestión podría afectar la continuidad de inversiones de largo plazo que requieren una fuerte participación estatal.

Un proceso de saneamiento con metas pendientes

Las entidades recordaron que el histórico fallo «Mendoza», dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2008, obligó al Estado a implementar un plan integral para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Sin embargo, señalaron que gran parte de los objetivos establecidos aún no fueron alcanzados.

Entre las metas pendientes mencionaron el control de la contaminación industrial, la limpieza de basurales y márgenes del río, la expansión de las redes de agua potable y cloacas, el desarrollo de desagües pluviales y la implementación de un plan sanitario de emergencia.

Asimismo, cuestionaron que en octubre de 2024 la Corte Suprema decidiera dar por concluido el seguimiento judicial del caso pese a que, sostienen, persisten importantes déficits en materia de saneamiento y salud pública.

Recortes presupuestarios y menor capacidad de control

Desde FARN también manifestaron preocupación por la situación institucional de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), al considerar que actualmente carece del respaldo político y presupuestario necesario para continuar con las tareas de remediación ambiental.

De acuerdo con datos citados por las organizaciones, durante 2025 las partidas destinadas al saneamiento de la cuenca registraron un recorte nominal de $37.040 millones.

Además, señalaron que, según información de ACUMAR, en 2024 los recursos destinados a infraestructura y saneamiento tuvieron una caída real del 76,6% debido a la subejecución presupuestaria, mientras que el presupuesto nacional destinado a la causa Mendoza representó apenas el 0,08% del gasto total del país.

También advirtieron sobre la disolución de organismos vinculados a la política habitacional y la reducción de equipos técnicos que participaban en las tareas de saneamiento.

Los cuestionamientos al proceso de privatización

En el amparo, las organizaciones sostienen que el Estado pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales, sociales y sanitarios que podría generar la operación.

Asimismo, afirman que no se efectuó una auditoría pública que detalle el estado de las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes ni los pasivos ambientales asociados al servicio.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de acceso a la información pública. Según denunciaron, la documentación técnica del proceso se encuentra disponible únicamente a través de un «Data Room» reservado para los potenciales oferentes, lo que —afirman— vulnera las normas de acceso a la información ambiental y los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Escazú.

Las organizaciones también señalaron que no fue convocada una audiencia pública para debatir una decisión que consideran de alto impacto social y ambiental.

«El agua es un derecho humano»

Como parte de la presentación judicial, las entidades solicitaron una medida cautelar para suspender el proceso licitatorio mientras se analiza la legalidad de la privatización.

En un comunicado conjunto, sostuvieron que la iniciativa busca impedir un proceso que consideran «plagado de irregularidades» y garantizar la protección de derechos fundamentales.

«El agua no es una mercancía. Es un derecho humano fundamental que el Estado no puede ni debe privatizar», concluyeron las organizaciones.