Presupuesto 2027: el ajuste también se siente en la política ambiental

El proyecto presentado por el Gobierno nacional mantiene una tendencia de reducción del financiamiento ambiental. Ambiente, bosques nativos, manejo del fuego y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo aparecen entre las áreas que acumulan fuertes caídas respecto de 2023.

Sobre el final del martes 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto 2026 —cuando el presidente Javier Milei realizó una presentación por cadena nacional—, esta vez la iniciativa llegó sin anuncios oficiales ni una puesta en escena similar.

Pero detrás del bajo perfil político aparece una discusión que vuelve a repetirse: cuáles son las prioridades del Estado en un contexto de ajuste fiscal y qué lugar ocupan las políticas destinadas a garantizar derechos colectivos, entre ellos la protección ambiental.

Un análisis de las partidas vinculadas con la política ambiental muestra que varias de las tendencias que habían generado preocupación en el presupuesto anterior se mantienen. La Subsecretaría de Ambiente atraviesa su cuarto año consecutivo de reducción presupuestaria y, de acuerdo con el análisis realizado sobre el proyecto, los recursos previstos para 2027 representan una caída del 84,3% respecto de 2023.

La reducción no se limita al funcionamiento del área ambiental. También alcanza programas específicos relacionados con la conservación de los bosques, la prevención y respuesta frente a incendios y el saneamiento de una de las cuencas más contaminadas del país.

Bosques nativos: menos recursos y menos planes de manejo

Uno de los puntos centrales es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por la Ley 26.331. Para 2027, los recursos asignados serían 25 veces inferiores a los establecidos por la propia normativa.

A la reducción presupuestaria se suma un cambio en las metas físicas. El proyecto contempla financiar apenas 23 planes de manejo sostenible de bosques nativos durante el próximo ejercicio.

La diferencia con años anteriores resulta significativa: para 2022 y 2023 se habían previsto metas de 1.000 y 1.200 planes, respectivamente.

El dato permite observar el ajuste no solamente en términos monetarios, sino también en la escala de intervención que el Estado proyecta para una política destinada a conservar uno de los principales reservorios de biodiversidad del territorio argentino.

Manejo del fuego: más que en 2026, menos que en 2023

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) aparece como una de las excepciones dentro de la comparación interanual más reciente.

Para 2027 se contemplan $38.815 millones, una cifra que representa, según el análisis presupuestario, un incremento real del 60,1% respecto de 2026.

Sin embargo, cuando la comparación se realiza con 2023, el resultado cambia: los fondos implican una caída real del 55,8%.

También se observa una reducción en las metas vinculadas con la prevención. Para 2027 se proyecta la elaboración de 1.950 informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios, 781 menos que los previstos para 2023.

La comparación resulta especialmente relevante en un país donde los incendios forestales constituyen un problema ambiental recurrente y donde las políticas de prevención, monitoreo y respuesta requieren capacidad estatal sostenida.

Matanza-Riachuelo: una política de saneamiento con menos recursos

Otro de los retrocesos más pronunciados aparece en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Los recursos presupuestados para esta política son, en términos reales, 91,5% menores que los de 2023.

La magnitud de la caída vuelve a colocar en discusión el alcance de las políticas de saneamiento ambiental en territorios donde conviven contaminación, déficit de infraestructura y desigualdades sociales.

En este caso, la cuestión ambiental excede la protección de ecosistemas: el saneamiento de una cuenca urbana tiene efectos directos sobre las condiciones de vida de millones de personas.

El interrogante del RIGI

El proyecto también abre una discusión sobre la relación entre política de inversiones y política ambiental.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ocupa un lugar relevante dentro de la estrategia económica del Gobierno nacional y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para los proyectos alcanzados.

Sin embargo, el Presupuesto 2027 no especifica cuánto dejará de recaudar el Estado en concepto de recursos tributarios como consecuencia de los beneficios otorgados a los proyectos aprobados.

La ausencia de ese dato dificulta dimensionar, dentro del propio presupuesto, el costo fiscal asociado al régimen y su relación con el financiamiento de otras políticas públicas.

El punto adquiere una dimensión ambiental particular porque varios de los sectores alcanzados por el régimen están vinculados con actividades de explotación de recursos naturales e infraestructura de gran escala. El debate, por lo tanto, no se reduce a cuánto invierte el Estado directamente en ambiente, sino también a qué incentivos establece para las actividades privadas que pueden producir impactos sobre el territorio.

El costo de las prioridades

La discusión presupuestaria permite así mirar el ajuste desde otra perspectiva.

El Gobierno nacional sostiene como eje de su política económica el equilibrio fiscal. En ese marco, la pregunta ambiental es cómo se distribuye ese esfuerzo entre las distintas áreas del Estado y qué capacidad conserva el sector público para implementar políticas de prevención, conservación, control y reparación.

Según el análisis realizado sobre las partidas socioambientales, con el 39,5% del superávit fiscal estimado para 2027 podría sostenerse, en términos reales, el financiamiento de todas las partidas analizadas en los valores de 2023.

El dato plantea una discusión eminentemente política: no solamente cuánto dinero hay disponible, sino qué decisiones se toman sobre su destino.

En el Presupuesto 2027, la política ambiental vuelve a aparecer atravesada por esa tensión. Mientras el Estado busca consolidar el superávit fiscal y atraer grandes inversiones mediante incentivos, programas vinculados con bosques nativos, incendios, saneamiento y gestión ambiental acumulan reducciones significativas respecto de los niveles de 2023.

La discusión que queda planteada para el Congreso no es únicamente presupuestaria. También es una discusión sobre el rol que el Estado nacional pretende asumir frente a los problemas ambientales y sobre qué capacidad de prevención, regulación y protección de derechos colectivos quedará disponible durante los próximos años.