Advierten que la Ley de Glaciares es inaplicable sin definiciones técnicas claras
Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), planteó una preocupación técnica que impacta de lleno en el debate ambiental y productivo. En diálogo con San Juan en Noticias por Radio Mitre 95.1, afirmó que la Ley de Protección de Glaciares vigente “no puede aplicarse tal como está” porque carece de definiciones esenciales para delimitar el ambiente periglaciar con precisión.
El especialista explicó que la prohibición de actividades mineras y petroleras en esa zona exige trazar límites exactos, algo que hoy la ciencia y la tecnología no pueden garantizar. “Hablamos de probabilidades: acá puede estar, acá no; 40%, 60%, 80%”, describió. Esas estimaciones, señaló, resultan “burdas” frente a la necesidad de contar con una línea clara en un mapa que determine dónde es posible o no ejercer una actividad económica.
Una crítica técnica con base científica local
Pastore remarcó que la UNSJ cuenta con experiencia concreta: San Juan fue pionera en impulsar y ejecutar su propio inventario provincial de glaciares y en monitorear de manera permanente dos glaciares de escombro, una práctica poco frecuente en otras provincias. Ese conocimiento, indicó, es la base para su postura: “No se busca eliminar la protección, sino adecuar la ley para que pueda aplicarse”.
En su visión, es indispensable definir métodos, criterios y límites que permitan diferenciar entre cuerpos de hielo que deben preservarse y sectores periglaciares donde se requiere un análisis caso por caso. “Algunos glaciares de escombro tienen suficiente contenido de hielo como para ser reservas hídricas estratégicas, pero son casos puntuales”, sostuvo. Por eso reclamó peritajes detallados, monitoreos continuos y reglas claras que aporten previsibilidad tanto a la conservación ambiental como a las inversiones.
Un debate técnico que se cruza con la política
Las declaraciones de Pastore se dan en un contexto de movimiento político alrededor de la normativa. En los últimos días, el Gobierno nacional dejó trascender que prepara una medida aclaratoria sobre la Ley de Glaciares, una señal que el sector minero sigue con atención. En paralelo, el gobernador Marcelo Orrego defendió que la autoridad de aplicación sea provincial para garantizar seguridad jurídica.
Pastore respaldó esa posición y destacó que la gestión del agua es competencia de cada provincia. Consideró que esa potestad podría contribuir a armonizar protección ambiental y desarrollo productivo, siempre sobre la base de criterios científicos consistentes.
Ciencia y decisión pública: una relación necesaria
El vínculo entre la provincia y la UNSJ ha sido constante desde la sanción de la ley, con inventarios y monitoreos solicitados por el Gobierno sanjuanino. Pastore recordó que la academia genera conocimiento para sustentar decisiones públicas, pero advirtió que esto no alcanza si las normas no contemplan cómo traducir esos estudios en parámetros aplicables.
“El resultado es la falta de seguridad jurídica que reclaman tanto inversores como comunidades”, sintetizó, al insistir en que la precisión técnica es clave para lograr una ley efectiva, equilibrada y operativa.
