Alertan que la reforma de la Ley de Glaciares podría facilitar el avance minero sobre áreas protegidas

Las organizaciones ambientalistas Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron nueva evidencia ante la Justicia en el marco de la demanda colectiva que cuestiona la reforma de la Ley de Glaciares. El escrito advierte que el proyecto minero Vicuña, recientemente aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se ubica sobre un glaciar actualmente incorporado al Inventario Nacional de Glaciares y protegido por la legislación vigente.

Las entidades solicitaron una medida cautelar urgente para evitar cualquier modificación en la situación jurídica del Glaciar de Escombros GE110, localizado en el departamento Iglesia, provincia de San Juan. En particular, pidieron que tanto la provincia como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) se abstengan de retirar esta geoforma del Inventario Nacional de Glaciares mientras se resuelve la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

El planteo cobra relevancia luego de que el Ejecutivo aprobara el pasado 16 de junio el ingreso del proyecto Vicuña al RIGI. La iniciativa, desarrollada por las compañías mineras BHP y Lundin, integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol y prevé la explotación de cobre, oro y plata en la cuenca del río Jáchal, dentro del sistema hídrico del Desaguadero.

Según las organizaciones demandantes, la ubicación del emprendimiento en una región de creciente estrés hídrico vuelve especialmente sensible cualquier reducción de las protecciones ambientales sobre glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua para las comunidades y actividades productivas aguas abajo.

De acuerdo con la presentación judicial, una parte central de las operaciones previstas por Vicuña se desarrollaría en el área donde se encuentra el Glaciar de Escombros GE110. Allí se proyecta la construcción de un tajo a cielo abierto de aproximadamente 259 hectáreas.

Las organizaciones recordaron que en febrero de este año Greenpeace realizó un sobrevuelo sobre la zona y documentó la presencia del glaciar, registrando además intervenciones mineras en áreas alcanzadas por la protección establecida en la versión original de la Ley de Glaciares. A su entender, la modificación de la normativa busca habilitar actividades que anteriormente se encontraban restringidas por la legislación vigente.

La existencia del glaciar GE110 había sido advertida inicialmente por la Asamblea Jáchal No se Toca ante el IANIGLA en 2021. Tras esa presentación, el organismo científico reconoció la necesidad de incorporar la geoforma al Inventario Nacional de Glaciares. Posteriormente, la Resolución 514/2022 del entonces Ministerio de Ambiente ordenó actualizar los informes de la subcuenca del río Blanco Superior e incluir formalmente el glaciar dentro del inventario nacional.

Para las organizaciones, la aprobación del proyecto bajo el RIGI incrementa la urgencia de la cautelar solicitada. Advierten que, si el glaciar fuera eliminado del inventario y el emprendimiento avanzara con los beneficios del régimen de promoción de inversiones, una eventual sentencia favorable podría llegar cuando los daños ambientales ya fueran irreversibles.

El reclamo forma parte de una demanda colectiva respaldada por más de 850.000 adhesiones individuales, junto a referentes ambientales, organizaciones sociales y asambleas ciudadanas de distintas provincias. Entre ellas se encuentran la Asamblea Jáchal No se Toca, la Asamblea Popular por el Agua, la Asamblea Pucará, la Asamblea en Defensa del Territorio, la Asamblea Santa Cruz por el Agua, la Multisectorial Golfo San Matías, la Asamblea El Paraná No se Toca, la Asociación Alihuén, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.

Desde las entidades sostienen que el caso expone los riesgos que implica la reforma de la Ley de Glaciares, al abrir la posibilidad de reducir las protecciones sobre áreas que cumplen funciones esenciales para la regulación hídrica. Señalan que los glaciares y ambientes periglaciares forman parte de sistemas naturales que abastecen de agua a extensas regiones y que su preservación constituye una política de presupuestos mínimos de alcance nacional.

En ese marco, consideran que el avance de un megaproyecto minero sobre el Glaciar GE110 representa una señal de alerta para todo el país. «Si un glaciar inventariado puede quedar expuesto por una reforma legal y por la aprobación acelerada de un proyecto bajo el RIGI, la Ley de Glaciares pierde su capacidad preventiva», sostienen. Por ello, reclaman una intervención judicial rápida para evitar daños que, una vez producidos, resultarían imposibles de revertir.