El Gobierno prorrogó hasta diciembre la concesión de Hidroeléctrica Tucumán
La Secretaría de Energía de la Nación inició el proceso de transición de la concesión de Hidroeléctrica Tucumán S.A. sobre los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tras el vencimiento del contrato de 30 años firmado durante el proceso de privatización del sector eléctrico en la década de 1990.
Mediante la Resolución 168/2026, el Gobierno nacional dispuso que la empresa continúe operando las tres centrales hasta el 15 de diciembre de 2026, período durante el cual deberá mantener todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las instalaciones.
La medida se fundamenta en el artículo 67.1 del contrato de concesión, que habilita una prórroga transitoria para preservar la seguridad de las personas, de los bienes y de la infraestructura. La concesión había comenzado el 30 de julio de 1996, por lo que el plazo contractual de tres décadas ya se encuentra cumplido.
Una licitación que aún no fue convocada
El vencimiento de la concesión abre un nuevo capítulo para estas obras hidroeléctricas. La Ley 15.336, en su artículo 21 bis, establece que una vez finalizada una concesión hidroeléctrica, el Estado nacional debe convocar a una licitación pública nacional e internacional para adjudicar una nueva explotación.
Ese mecanismo ya comenzó a aplicarse en otros aprovechamientos hidroeléctricos del país. Apenas cuatro días después de firmar la resolución para Tucumán, la Secretaría de Energía lanzó formalmente la licitación del complejo Los Nihuiles, en Mendoza, mientras que otras centrales como Piedra del Águila ya fueron adjudicadas y el sistema Diamante también permanece bajo un esquema de transición hasta diciembre.
Sin embargo, a diferencia de otros procesos recientes, la resolución que alcanza a Hidroeléctrica Tucumán no establece exigencias adicionales, como garantías financieras, inventarios periódicos de bienes o cartas de adhesión al nuevo régimen. La única medida de control prevista es la designación de la Subsecretaría de Energía Eléctrica como organismo veedor, además de invitar al Gobierno de Tucumán a designar un representante durante la transición.
Aunque las centrales aportan electricidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), su importancia trasciende la generación eléctrica.
Según datos del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), El Cadillal posee una potencia instalada de 13 MW y genera en promedio 48 GWh anuales, mientras que Escaba cuenta con 18 MW y produce alrededor de 69 GWh por año. La concesionaria informa que el conjunto de los tres complejos alcanza una potencia total de 52 MW y una producción cercana a 170.000 MWh anuales.
Sin embargo, la función principal de las presas sigue siendo la regulación hídrica. Tanto El Cadillal como Escaba fueron construidas prioritariamente para la atenuación de crecidas, el riego agrícola y, en tercer lugar, la generación hidroeléctrica. Escaba comenzó a operar en 1948 y El Cadillal en 1966, constituyéndose en obras clave para el manejo del agua en la llanura tucumana.
Un conflicto por las inversiones
La transición ocurre además en un contexto de tensiones entre la provincia y la concesionaria por el estado de las obras.
En 2023, el Gobierno de Tucumán autorizó la reparación de la presa lateral N.º 3 de El Cadillal, afectada por filtraciones, luego de que la empresa solicitara asistencia financiera para ejecutar los trabajos.
La provincia decidió afrontar la inversión con recursos propios, inició una demanda ante la Justicia Federal y obtuvo una medida cautelar para retener pagos que la concesionaria percibe de CAMMESA.
En mayo de este año, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la inauguración de las obras de reparación, que demandaron una inversión superior a 15.000 millones de pesos. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esos trabajos «correspondía ejecutar al Gobierno nacional y a la empresa concesionaria».
El caso de Hidroeléctrica Tucumán se suma al proceso de renovación de concesiones hidroeléctricas iniciado por el Gobierno nacional tras el vencimiento de los contratos otorgados durante la privatización del sector en los años noventa.
Mientras algunas centrales ya fueron relicenciadas y otras avanzan hacia nuevas licitaciones o esquemas de transición, el futuro de los complejos tucumanos dependerá de la decisión que adopte la Secretaría de Energía respecto de la convocatoria a una nueva concesión o de un eventual cambio en el modelo de gestión de estos activos estratégicos para la producción de energía y la administración de los recursos hídricos.
