Ley de Manejo del Fuego: advierten que los cambios buscaban eliminar las restricciones sobre terrenos afectados por incendios
La última versión del dictamen que llegó al Senado generó fuertes cuestionamientos ambientales por los cambios introducidos en los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego. La modificación eliminaba los plazos que actualmente impiden cambiar el destino de determinados terrenos afectados por incendios y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la protección de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas vulnerables.
La legislación vigente, impulsada en 2020, establece restricciones específicas para evitar que un incendio pueda convertirse en el punto de partida para una transformación del uso del suelo. En el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales, la prohibición de modificar el destino de los terrenos alcanza los 60 años. Para zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas, el plazo establecido es de 30 años.
El objetivo de estas disposiciones es evitar que la pérdida de cobertura vegetal provocada por un incendio facilite posteriormente procesos de urbanización, cambio de uso del suelo o desarrollo de actividades productivas en territorios que antes contaban con determinadas condiciones de protección.
El cambio que encendió las alertas ambientales
La nueva redacción eliminaba esos plazos. Desde sectores críticos de la iniciativa cuestionaron que, de aprobarse, la reforma significaría un debilitamiento sustancial de una herramienta preventiva de la política ambiental.
“Vacían la normativa, quitan los años de prohibición y la reducen a cuestiones meramente declarativas que, en un sistema desfinanciado, no se van a cumplir”, señalaron desde el despacho del senador Eduardo “Wado” de Pedro.
El cuestionamiento apunta a una cuestión central: la protección de los territorios afectados por incendios no depende solamente de declarar que determinadas áreas deben ser preservadas, sino también de contar con instrumentos jurídicos que impidan que la degradación ambiental sea seguida por un cambio de uso del suelo.
Desde una perspectiva ambiental, la discusión adquiere especial relevancia en un contexto de incendios forestales cada vez más complejos, períodos de sequía, olas de calor y una creciente presión sobre territorios de alto valor ecológico. La pérdida de bosques nativos, humedales y pastizales no implica solamente la desaparición temporal de vegetación: también puede afectar la biodiversidad, la regulación hídrica, la capacidad de almacenamiento de carbono y la estabilidad de los ecosistemas.
Por eso, la eliminación de plazos de protección plantea un interrogante sobre qué mecanismos quedarían disponibles para impedir que un terreno quemado sea rápidamente destinado a una actividad diferente.
Una disputa que excedió la cuestión ambiental
El debate también quedó atravesado por una fuerte disputa política. De Pedro cuestionó públicamente el proyecto y sostuvo en X que se buscaba avanzar con una iniciativa que, según su interpretación, permitiría “vender el territorio argentino y entregar la soberanía a los extranjeros”.
“Hoy quedó en evidencia que es invotable: postergaron el debate por tercera vez. Es tan indefendible que no se animan ni a nombrarla”, afirmó el senador.
Durante la jornada, el legislador peronista concentró parte de sus esfuerzos en reunir apoyos de senadores de distintos espacios, entre ellos Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Alejandra Vigo, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Julieta Corroza.
Con el peronismo consolidado en 36 votos, el oficialismo decidió finalmente retirar el capítulo cuestionado antes de llevarlo al recinto y exponerse a una nueva derrota.
La discusión que queda pendiente
Más allá de la pulseada parlamentaria, el episodio vuelve a poner en el centro una discusión ambiental de fondo: qué sucede con un territorio después de un incendio y qué herramientas tiene el Estado para evitar que la emergencia ambiental se transforme en una oportunidad para modificar su destino.
Los plazos establecidos por la Ley de Manejo del Fuego funcionan precisamente como una barrera temporal frente a esa posibilidad. Su eliminación no necesariamente implicaría por sí misma una autorización automática para cambiar el uso del suelo, pero sí reduciría una de las restricciones específicas que actualmente pesan sobre los terrenos afectados.
El debate también expone la importancia de las políticas de prevención y restauración. En ecosistemas de alta fragilidad, la recuperación posterior a un incendio puede demandar décadas y no siempre resulta posible recuperar las condiciones originales. Por eso, desde una mirada ambiental, la discusión sobre el uso futuro de esos territorios debería considerar no solamente su valor económico inmediato, sino también los servicios ecosistémicos que prestan y los costos ambientales de su degradación.
El capítulo fue retirado y el debate quedó nuevamente postergado. Sin embargo, la controversia dejó planteada una cuestión que continuará siendo central: si un territorio protegido se incendia, ¿debe el Estado reforzar las restricciones para garantizar su recuperación o flexibilizar las condiciones para permitir un nuevo uso? La respuesta tendrá consecuencias que exceden ampliamente la discusión legislativa y alcanzan la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el ordenamiento territorial del país.
