Atanor San Nicolás: confirman grave contaminación industrial y ordenan su cierre preventivo
La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura total preventiva de la planta de Atanor ubicada a orillas del Río Paraná, en San Nicolás, tras constatar severas violaciones a la normativa ambiental vigente. La medida fue adoptada luego de que análisis oficiales de laboratorio confirmaran la presencia de múltiples contaminantes industriales en los efluentes vertidos por la empresa, entre ellos agroquímicos prohibidos y metales pesados.
La inspección se realizó el pasado 9 de junio, a raíz de denuncias presentadas por vecinos, la organización FOMEA y Greenpeace Argentina. Según el informe de ADA, las muestras recolectadas revelaron altos niveles de glifosato, AMPA, atrazina, metolacloro, imazetapir y clorpirifos —este último expresamente prohibido por orden judicial—, además de compuestos altamente contaminantes como fenoles, sustancias solubles en éter etílico (SSEE), y activadas al azul de metileno (SAAM).
El hallazgo más alarmante fue la presencia de metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc en un vertido que, según ADA, no contaba con la autorización necesaria para descargar efluentes industriales, sino solo cloacales. Muchas de estas sustancias superan los parámetros establecidos por la resolución 336 de ADA y la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (N.º 24.051).
“Al momento de la inspección, Atanor afirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, en los análisis de laboratorio se detectaron agroquímicos y metales pesados. Este hecho de contaminación es un ejemplo más de los reiterados que vecinos y organizaciones denunciamos”, señaló Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Por su parte, el abogado Fabián Maggi, representante legal de los vecinos de San Nicolás, fue contundente: “El vuelco clandestino que protagonizó Atanor no fue un incidente menor y excepcional: fue una acción deliberada para desviar efluentes industriales contaminantes a través de un sistema que no estaba autorizado. Esto es desobediencia judicial, es contaminación, y debe tener consecuencias penales y administrativas claras”.
La Autoridad del Agua concluyó que el líquido vertido tenía “características industriales” y ordenó, en un plazo de 24 horas, la clausura del establecimiento, el cegado del ducto industrial, y la disposición del líquido contaminante a través de operadores habilitados. También exigió un cronograma para el desmantelamiento de la planta de tratamiento y la laguna de contingencia.
Frente a la presión social y las evidencias acumuladas, Atanor anunció su relocalización, aunque aclaró que mantendrá en el predio un centro logístico para productos formulados en Pilar, lo que implica que seguirá almacenando agrotóxicos en una zona actualmente clausurada por contaminación.
