COP30 en Belém, qué esperar y cómo aterrizarlo en territorio
Por Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras
La COP30 de Cambio Climático se realizará del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil. Será un examen exigente para saber si los discursos se convierten en planes financiables y medibles en territorio. Para quienes no siguen la jerga diaria, una aclaración breve. Cada país ya debería contar con su Tercera Contribución Nacional Determinada, la NDC 3, que actualiza metas y políticas a la luz del Balance Global y marca el rumbo de la próxima década, con horizonte 2035 como año sugerido para las nuevas metas.
Qué se negocia
El mandato es claro, alinear trayectorias con el objetivo de evitar un aumento de 1,5 °C y cerrar la brecha que el Balance Global dejó al desnudo. Este balance es la evaluación quinquenal del Acuerdo de París que mide dónde estamos y qué falta. Su conclusión fue contundente, no estamos en trayectoria de 1,5 °C y se necesitan recortes de emisiones del 43 % al 2030 (respecto de 2019), del 60 % al 2035 y neutralidad a 2050, además de triplicar renovables y duplicar la eficiencia energética esta década, y transitar fuera de los combustibles fósiles de manera justa y ordenada.
El financiamiento como siempre será el termómetro. Se implementa el nuevo objetivo colectivo de largo plazo adoptado en COP29, con un piso de USD 300 mil millones por año para 2035 y una hoja de ruta para movilizar hasta USD 1,3 billones anuales desde todas las fuentes, liderado por países desarrollados. Entre 2025 y 2034 no existe un piso anual obligatorio; el trayecto se organiza con hitos intermedios definidos en la hoja de ruta Bakú a Belém. A su vez, la agenda de pérdidas y daños busca pasar del diseño a la operación con primeras convocatorias que den respuestas en países altamente vulnerables. También , tras cerrarse las reglas pendientes en COP29, el foco está en la implementación del Artículo 6 con integridad, transparencia y trazabilidad, evitando créditos de ‘papel». Con esos tres elementos aparecen obras, empleos y resiliencia en territorio.
Prioridades de la Presidencia
Brasil empuja una narrativa anclada en la transición justa, bosques y pueblos indígenas, con el Amazonas como escenario y símbolo. La idea es conectar metas climáticas con desarrollo productivo real (no solo con promesas) y ordenar instrumentos que lleven inversión a la conservación de bosques tropicales y a la reconversión tecnológica de sectores intensivos.
Participación de Argentina
En un contexto nacional de negacionismo climático, el liderazgo recaerá con más fuerza en los gobiernos subnacionales. Están confirmadas autoridades ambientales de al menos nueve provincias: Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Jujuy, Misiones, Chaco, Buenos Aires, Córdoba y San Luis. A nivel nacional se espera presencia a través de Cancillería, que volvería a la COP luego de la salida anticipada en Bakú.
El gobierno nacional anunció la presentación de su NDC 3 el lunes 3 de noviembre en un evento virtual. El contenido llega con reservas, no hubo proceso de participación pública ni convocatoria al consejo asesor externo creado por la Ley Nacional de Cambio Climático (Ley 27.520), lo que abre interrogantes sobre ambición, gobernanza y mecanismos de seguimiento.
Como referencia para el debate, desde Sustentabilidad sin Fronteras (SSF) coordinamos un Observatorio Nacional de Acción Climática que demuestra que el 73 % de 100 objetivos nacionales relevados se encuentra con alto riesgo de incumplimiento al 2030. Esto marca la urgencia de aterrizar políticas y presupuestos en el territorio.
América Latina en la sala
La región llega con opciones para coordinar mejor su voz en bosques, transición justa y financiamiento innovador. Tres vectores atraviesan la discusión. Por un lado los países amazónicos que buscan financiamiento predecible con resultados verificables para conservación y desarrollo; por otra parte el Caribe y pequeños Estados insulares que priorizan pérdidas y daños y alivio de deuda por vulnerabilidad; y finalmente la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC) y afines que empujan mayor ambición en mitigación y reglas robustas de transparencia. Persisten tensiones como el gas como “combustible de transición”, expansión hidrocarburífera en el Atlántico ecuatorial, salida ordenada de los fósiles, pero crece el terreno común en trazabilidad libre de deforestación para exportar a mercados exigentes y en instrumentos que acerquen capital a proyectos con impacto social medible.
COP poco inclusiva
Belém enfrenta una logística tensionada que elevó costos y puso a prueba la participación de delegaciones y sociedad civil. Las medidas del anfitrión alivian, pero no resuelven un riesgo de exclusión que también pesa en la legitimidad del proceso, un problema que suele repetirse en las COP, pero que aquí amenaza con ser de los más expulsivos.
Conclusiones
La COP30 podrá representar un avance si deja un camino nítido entre objetivos, financiamiento y ejecución local en un contexto internacional complejo. El estándar es concreto: NDC 3 con metas 2035 sectoriales, cronogramas y responsables; reglas que alineen los flujos financieros con la acción climática y permitan medir desembolsos y resultados; pasos operativos para pérdidas y daños que habiliten proyectos en el corto plazo; y una hoja de ruta clara para el Artículo 6 con integridad ambiental verificable.
Reglas estables, datos trazables y coordinación entre niveles de gobierno son la base. Agricultura e industria deben ser aliadas de una transición justa, para ello se requiere que el discurso llegue con cronogramas, responsables y métricas en territorio. Ese es el estándar que vamos a seguir promoviendo desde SSF.