El ajuste golpea con fuerza a las políticas ambientales
El financiamiento de las políticas ambientales en Argentina continúa en retroceso. Durante 2025, el presupuesto nacional sufrió un ajuste real del 28,8% en comparación con 2023, en un contexto marcado nuevamente por la ausencia de una ley de presupuesto aprobada por el Congreso. Al igual que en 2024, el Poder Ejecutivo Nacional administró los recursos con amplias facultades para redefinir partidas mediante decretos y decisiones administrativas, consolidando un esquema de recorte que impactó con especial dureza en el área ambiental.
Los datos muestran una caída significativa en múltiples programas clave. En algunos casos, los recortes alcanzaron niveles extremos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos registró una ejecución hasta 155 veces menor que lo estipulado por ley. Este escenario refleja no solo una reducción del financiamiento, sino también un progresivo debilitamiento de las capacidades estatales para diseñar, implementar y controlar políticas públicas ambientales.
Menos recursos y menor capacidad estatal
Durante 2025 se profundizó la tendencia iniciada el año anterior. La Subsecretaría de Ambiente ejecutó el presupuesto más bajo de los últimos nueve años, y las proyecciones para 2026 anticipan una caída real del 79,6% respecto de 2023.
La Administración de Parques Nacionales, por su parte, dejó sin ejecutar $13.720 millones, lo que derivó en una reducción real del 39,3% de sus recursos. Situaciones similares se observaron en otros organismos: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó el 75,7% de su presupuesto, con una fuerte concentración del gasto en diciembre, lo que sugiere falencias en la planificación preventiva.
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo también evidenció un fuerte deterioro, con una caída real del 87,7% en 2025 frente a 2023, tendencia que se profundizaría en 2026 con un recorte proyectado superior al 90%.
En paralelo, las partidas destinadas a energías renovables y eficiencia energética registraron una caída del 64%, lo que contrasta con la necesidad de avanzar en una transición energética sostenible.
Subsidios energéticos y beneficios fiscales en alza
Mientras las partidas ambientales se reducen, los subsidios a sectores extractivos mantienen un peso significativo. En 2025, los subsidios a empresas hidrocarburíferas alcanzaron los $377.824 millones, lo que representa 41,5 veces el presupuesto destinado a energías renovables. Para 2026, se proyecta que estos subsidios asciendan a $651.600 millones.
La comparación es aún más marcada frente a otras áreas: el monto destinado a hidrocarburos fue más de seis veces superior al presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 158 veces mayor que el del Fondo de Bosques.
A esto se suman los beneficios fiscales a la minería. Según estimaciones oficiales, en 2025 el Estado dejó de recaudar $508.954 millones por exenciones impositivas del régimen de inversiones mineras. Este monto equivale a 8,5 veces el presupuesto del sistema de manejo del fuego y a más de 200 veces el destinado a la protección de bosques nativos.
Un lugar marginal en el gasto público
El análisis general del presupuesto confirma que las políticas ambientales continúan ocupando un rol marginal dentro de las prioridades del gasto público. La combinación de recortes, subejecuciones y reasignaciones discrecionales no solo reduce el financiamiento, sino que también evidencia la ausencia de una estrategia integral para enfrentar los desafíos socioambientales.
Este escenario se vincula además con condicionantes estructurales de la economía argentina. La necesidad de generar divisas para afrontar compromisos de deuda externa impulsa el desarrollo de sectores exportadores intensivos en recursos naturales, lo que refuerza un modelo extractivo con impactos ambientales crecientes.
En este contexto, la tensión entre las exigencias macroeconómicas y la garantía de derechos ambientales se vuelve cada vez más evidente. El resultado es un Estado con menor capacidad para intervenir en la protección del ambiente, en un momento en que los desafíos climáticos y ecológicos requieren, por el contrario, políticas más robustas y sostenidas.
