Escazú COP4: alertan por retrocesos en Argentina en medio del encuentro regional sobre democracia ambiental
Del 21 al 24 de abril se llevará a cabo en Bahamas la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), un encuentro clave que reunirá a representantes de los países de América Latina y el Caribe para avanzar en la implementación efectiva de este tratado, considerado el más importante de la región en materia de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.
“En un contexto de debilitamiento de la democracia y de líderes que desprecian la protección ambiental, la COP4 se presenta como un espacio internacional clave para sostener el diálogo entre Estados y sociedad civil y fortalecer la democracia ambiental en la región”, sostuvo Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Entre los principales ejes de esta edición se destacan la implementación a nivel nacional del Acuerdo, el desarrollo de registros de emisiones y transferencias de contaminantes, la participación del público en la toma de decisiones sobre proyectos con impacto ambiental significativo, el acceso a la justicia en temas ambientales y la incorporación de la perspectiva de género en la aplicación del tratado.
Además, durante la COP4 se realizará un balance del Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, aprobado en 2024. En ese marco, representantes de la sociedad civil presentarán un documento con casos concretos que involucran a personas defensoras, en una región donde continúan enfrentando amenazas por su labor.
Argentina: retrocesos y falta de implementación
En el caso argentino, si bien existe una hoja de ruta y un plan de implementación del Acuerdo aprobados a fines de 2023, desde FARN advierten que en la práctica los avances son nulos y que el proceso se encuentra paralizado.
“El Estado está más preocupado por otorgar privilegios fiscales y regulatorios a empresas que en asegurar la protección de las personas defensoras del ambiente y fomentar un entorno propicio para el ejercicio de derechos”, señaló Fernández.
Según el especialista, desde la última COP realizada en Chile en abril de 2024 se han registrado cambios regresivos. Entre ellos, mencionó el Decreto 780/2024, publicado en septiembre de 2024, que restringe el acceso a la información pública al ampliar las facultades discrecionales de los funcionarios para decidir qué información se brinda y establecer posibles sanciones para quienes soliciten información de manera reiterada.
“La participación pública también se ha visto afectada. Un ejemplo reciente es el proceso de audiencias públicas convocadas por la modificación de la Ley de Glaciares, caracterizado por restricciones a la participación social”, agregó.
En este contexto, el Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina identificó diversas regresiones regulatorias e institucionales que afectan la democracia ambiental, en línea con el principio de no regresión establecido por el tratado.
Entre los principales retrocesos señalados se encuentran la desaparición del organigrama del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la derogación de herramientas para promover energías renovables, la modificación de la Ley de Procedimientos Administrativos que habilita reemplazar audiencias públicas, la delegación de facultades ambientales al Poder Ejecutivo, la posible prevalencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones sobre normas ambientales, la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la disolución del ENOHSA y el traspaso del Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad.
Para Fernández, el panorama es preocupante: “En comparación con otros países de la región, si bien Argentina cuenta con instrumentos formales, los retrocesos normativos y la falta de avances concretos la ubican en una situación crítica en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú”.
