En plena COP17, FARN pone el foco en las deudas de Argentina con la biodiversidad
En el marco de la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se desarrolla del 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó los principales hallazgos de su informe sobre el cumplimiento de las metas mundiales de biodiversidad hacia 2030 en Argentina.
El documento analiza el estado de implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA) 2025-2030 e identifica avances, desafíos y oportunidades para fortalecer las políticas públicas de conservación y uso sostenible de los ecosistemas.
El análisis se conoce en un momento clave para la agenda ambiental internacional, marcado por la primera revisión mundial de los progresos en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022, y por la necesidad de acelerar las medidas para alcanzar sus objetivos.
Avances en la planificación, pero dificultades en el territorio
Según FARN, Argentina registra progresos en el desarrollo de metodologías, procedimientos y herramientas para implementar las metas nacionales. Sin embargo, estos avances todavía no se traducen de manera suficiente en acciones concretas ni en resultados verificables en los territorios.
Entre los principales obstáculos, la organización señala la falta de financiamiento, las capacidades institucionales limitadas, las dificultades de articulación entre el Estado nacional y las provincias, y la escasa coordinación entre organismos públicos.
A esto se suman las deficiencias en la información pública y la falta de indicadores adecuados para medir los resultados de las políticas implementadas. El informe también remarca la necesidad de garantizar la continuidad de las iniciativas de conservación y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
La falta de información sobre el financiamiento
Uno de los principales hallazgos del documento es la ausencia de información consolidada sobre los recursos destinados a la biodiversidad en el país. Actualmente, no existe una cifra oficial de alcance nacional que permita conocer la inversión total en esta materia ni mecanismos suficientes para relacionar el presupuesto público con las metas de la ENBPA.
Para FARN, disponer de estos datos es fundamental para evaluar los esfuerzos realizados, determinar las necesidades de financiamiento y orientar los recursos hacia las prioridades de conservación.
“Ya tenemos metas globales para proteger la biodiversidad. El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas, con financiamiento suficiente, participación y rendición de cuentas”, sostuvo Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de la organización.
Restaurar ecosistemas, una meta que exige acelerar los esfuerzos
La restauración de ecosistemas constituye una de las prioridades del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece como objetivo que al menos el 30 % de los ecosistemas degradados se encuentre bajo restauración efectiva para 2030.
En Argentina, el informe identifica alrededor de 4,6 millones de hectáreas bajo algún proceso de restauración, una superficie equivalente al 4,6 % del área degradada estimada. Si bien existen iniciativas en marcha, los datos reflejan la magnitud del desafío y la necesidad de ampliar los esfuerzos para alcanzar la meta internacional.
La organización considera necesario sostener políticas públicas a largo plazo, garantizar recursos adecuados y mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los actores involucrados.
Asimismo, advierte sobre la importancia de mantener la coherencia entre los compromisos internacionales de biodiversidad y las políticas nacionales relacionadas con el uso del territorio y la protección de los ecosistemas.
En este sentido, FARN plantea la necesidad de fortalecer la legislación ambiental vigente, evitar retrocesos en los niveles de protección y avanzar en marcos normativos pendientes, como una Ley de Humedales. También expresa preocupación por las posibles consecuencias de las reformas vinculadas a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego sobre la conservación de los suelos, los ecosistemas y la biodiversidad, especialmente frente al agravamiento de los fenómenos climáticos extremos.
La pérdida de biodiversidad, además, tiene consecuencias económicas. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que el deterioro de servicios ecosistémicos fundamentales podría reducir el PIB real de la región en un 3,3 % para 2030.
Argentina, ante el desafío de cumplir sus compromisos
La COP17 representa una oportunidad para evaluar los avances globales, reconocer las brechas de implementación y acordar medidas que permitan acelerar las acciones hacia 2030.
En el caso argentino, FARN señala que todavía está pendiente la presentación del Séptimo Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo plazo venció en febrero de 2026. La organización destaca que contar con información pública completa y actualizada resulta indispensable para evaluar los progresos y orientar las decisiones de los próximos años.
Frente a este escenario, la entidad sostiene que el cumplimiento de las metas mundiales requiere fortalecer las capacidades institucionales, asegurar financiamiento suficiente y accesible, mejorar los sistemas de información y monitoreo, y promover políticas públicas coherentes y sostenidas en el tiempo.
También subraya la importancia de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, cuyo papel resulta fundamental para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
El desafío hacia 2030, concluye el análisis, no consiste únicamente en establecer compromisos ambiciosos, sino en generar las condiciones institucionales, financieras y políticas necesarias para transformarlos en resultados concretos para los ecosistemas y las personas.
