Entre Ríos puso en vigencia el nuevo régimen ambiental para la actividad productiva
Con la reglamentación de la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, el Gobierno provincial puso en plena vigencia un nuevo marco normativo para la actividad productiva. La reforma reemplaza regulaciones con varias décadas de antigüedad y establece un sistema unificado, digital y orientado a simplificar los procedimientos ambientales.
La provincia de Entre Ríos puso en vigencia el nuevo régimen ambiental para las actividades económicas a partir de la reglamentación de la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas. La medida constituye una reforma integral del esquema vigente y fue presentada por el Gobierno provincial como una herramienta para compatibilizar el desarrollo productivo con la preservación ambiental.
El nuevo marco reemplaza regulaciones anteriores, entre ellas la Ley Nº 6.260, vigente desde 1978, e incorpora procedimientos unificados y herramientas digitales destinadas a reducir la dispersión y burocratización de los trámites.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el alcance de la normativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y sostuvo que la reglamentación apunta a brindar mayor previsibilidad a quienes desarrollan actividades productivas en la provincia.
“Esta ley y su decreto reglamentario marcan un hito histórico para la provincia. Estamos dejando atrás trámites burocráticos y dispersos para ofrecer a quienes producen e invierten en Entre Ríos reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa”, afirmó.
Bernaudo remarcó además que la simplificación de los procedimientos no implica una reducción de las funciones de control del Estado. “La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial”, señaló.
Un certificado ambiental único
En la misma línea, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, resaltó los principios ambientales sobre los que se estructura el nuevo régimen y señaló que la normativa busca compatibilizar la actividad productiva con el cuidado del ambiente.
“Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo”, expresó Hojman.
Entre las principales herramientas incorporadas se encuentra el Certificado Único Ambiental, que unifica y reemplaza trámites que anteriormente se realizaban de manera separada.
Según explicó la funcionaria, el nuevo esquema se fundamenta en los principios establecidos por la Constitución de Entre Ríos y la Ley General del Ambiente, con el objetivo de garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras.
Uso de suelo y participación ciudadana
La puesta en marcha del régimen fue acompañada por resoluciones complementarias de la Secretaría de Ambiente.
Una de ellas establece un modelo uniforme, con contenidos mínimos, para el Certificado de Uso de Suelo Conforme. La herramienta busca establecer criterios comunes en toda la provincia y facilitar la tarea de municipios y comunas.
El nuevo modelo, no obstante, mantiene las competencias de los gobiernos locales. Los municipios y comunas continúan siendo los responsables exclusivos de otorgar la factibilidad de uso de suelo, en el marco de sus respectivas autonomías.
La Secretaría de Ambiente también implementó una nueva modalidad digital para las instancias de participación ciudadana vinculadas con los procedimientos de evaluación ambiental.
El mecanismo permitirá que los ciudadanos puedan acceder de manera remota a la documentación ambiental y formular observaciones durante los procesos correspondientes. La medida se presenta como una ampliación de los canales de participación pública y como una herramienta vinculada con los principios de acceso a la información y participación establecidos por el Acuerdo de Escazú.
Registro Provincial Ambiental y fiscalización
El nuevo régimen contempla además la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental.
El esquema prevé mecanismos de cooperación entre la Provincia y los gobiernos locales para fortalecer las tareas de monitoreo y control en el territorio.
Asimismo, se establece un sistema mediante el cual parte de los recursos provenientes de las sanciones pueda ser compartida con los gobiernos locales, con el objetivo de reforzar las capacidades de fiscalización y el seguimiento de las actividades productivas.
De esta manera, el Gobierno provincial plantea una transformación del sistema de gestión ambiental, con mayor integración de los trámites, herramientas digitales y mecanismos de participación ciudadana, al tiempo que mantiene las facultades estatales de control sobre las actividades económicas.
