La Justicia impone una multa récord por un desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas en Salta
La Justicia de Salta impuso una multa superior a los 21.800 millones de pesos —equivalente a unos 15 millones de dólares— a los empresarios agropecuarios Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen por el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosque nativo en el norte provincial. La decisión judicial responde a los reiterados incumplimientos de las medidas de restauración ambiental ordenadas tras uno de los mayores casos de deforestación ilegal registrados en Argentina durante las últimas décadas.
La estancia involucrada se encuentra a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el departamento de San Martín, y el área afectada incluye territorios habitados por comunidades wichí y familias campesinas. El caso fue denunciado en distintas oportunidades por Greenpeace, que en 2023 volvió a visibilizar la situación mediante el despliegue de un cartel gigante en la finca.
“Se trata de una multa histórica, para uno de los mayores desmontes ilegales de las últimas décadas. Fue un ecocidio que realizaron con total impunidad durante varios meses con 18 topadoras y que recién se frenó cuando la entonces AFIP denunció a los dueños de la finca por trabajo esclavo”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según explicó la organización ambientalista, los propietarios habían acordado previamente un plan de remediación para recuperar el bosque destruido, condición que les permitió evitar sanciones mayores. Sin embargo, sostienen que las acciones comprometidas nunca fueron ejecutadas y que la explotación agropecuaria continuó desarrollándose normalmente en el predio.
En los fundamentos de la resolución, el Ministerio Público Fiscal de Salta señaló que desde 2018 no existe evidencia concreta de restauración activa y que continúan registrándose actividades productivas dentro de los catastros afectados, a pesar de las restricciones judiciales vigentes. Entre las irregularidades detectadas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en las tareas de reforestación y la ausencia de avances verificables en la recuperación del bosque nativo.
La magnitud del daño ambiental y la falta de cumplimiento de las medidas correctivas fueron factores determinantes para la actualización de la sanción económica, que ahora alcanza un monto sin precedentes en causas vinculadas a desmontes ilegales en el país.
“Si bien la multa es por un monto sin precedentes en causas de desmonte ilegal en Argentina, esperamos que pronto se avance en la remediación ambiental. Este tipo de casos demuestran por qué es necesario penalizar la destrucción de nuestros bosques, que son fundamentales para la regulación climática e hídrica y contienen gran parte de la biodiversidad del planeta”, sostuvo Cruz.
Desde Greenpeace remarcaron que los bosques nativos cumplen funciones esenciales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del ciclo del agua y la mitigación del cambio climático, además de constituir el sustento y territorio de numerosas comunidades indígenas y campesinas.
La decisión judicial marca un antecedente relevante en materia ambiental y vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, sanción y restauración frente a los delitos ambientales que afectan a los ecosistemas más vulnerables del país.
