La Justicia ordenó al Estado publicar información sobre los sismos en Vaca Muerta
La Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo Federal ordenó al Estado nacional brindar información detallada sobre la actividad sísmica registrada en la Cuenca Neuquina y en la formación geológica Vaca Muerta, en un fallo que refuerza el derecho de acceso a la información ambiental y la transparencia pública.
La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara, que instruyó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a entregar datos sobre los sismos y terremotos ocurridos dentro o en las inmediaciones de la principal región productora de hidrocarburos no convencionales del país.
El fallo responde a una acción impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que había solicitado acceso a registros sísmicos completos para evaluar los posibles impactos ambientales y sociales asociados al desarrollo de la actividad petrolera mediante fractura hidráulica (fracking).
Según explicó Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de FARN, desde el inicio de la explotación no convencional en Vaca Muerta, en 2013, se registraron más de 644 sismos en la región.
“Estos sismos destruyeron casas y dañaron económica y psicológicamente a las comunidades y localidades que habitan alrededor de la Cuenca Neuquina. La información que estamos solicitando es fundamental para evaluar los riesgos ambientales de esta actividad y prevenir más impactos negativos sobre las personas”, afirmó.
El origen del reclamo
El 20 de enero de 2025, FARN presentó un pedido formal de acceso a la información pública requiriendo al INPRES los registros completos de todos los sismómetros desde 2012, datos de las estaciones ubicadas dentro de un radio de 100 kilómetros de la Cuenca Neuquina y un inventario detallado de los eventos sísmicos registrados, incluyendo ubicación, profundidad, magnitud y fecha.
Sin embargo, el organismo rechazó inicialmente la solicitud argumentando la existencia de un convenio de confidencialidad firmado con la provincia de Neuquén.
Ante esta situación, la organización recurrió a la Agencia de Acceso a la Información Pública invocando la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831), la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) y el Acuerdo de Escazú.
Tras una resolución favorable de la Agencia, un amparo judicial y una primera sentencia adversa, la Cámara de Apelaciones finalmente falló a favor de la organización ambiental.
Los jueces consideraron que la invocación de la confidencialidad no cumplía con los requisitos legales exigidos para restringir el acceso a información pública. Además, destacaron que el derecho a buscar y recibir información está protegido por la Constitución, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Ahora el INPRES debe cumplir con lo exigido por la Justicia, ser transparente y aportar información clara, veraz y respaldada por la ciencia para que la ciudadanía pueda ejercer un control democrático y crítico sobre una problemática que la afecta hace más de diez años”, sostuvo Fernández.
Crece la preocupación por la sismicidad asociada al fracking
La resolución judicial se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de los movimientos sísmicos en la región.
De acuerdo con datos del Observatorio de Sismicidad Inducida, un proyecto independiente dedicado al monitoreo científico de la actividad sísmica en la Patagonia, durante 2026 ya se registraron 37 temblores asociados al fracking en la provincia de Neuquén, una cifra que duplica la observada durante el mismo período del año anterior.
Todos los eventos fueron percibidos por la población local.
Uno de los casos más llamativos ocurrió en Añelo, considerada la capital de Vaca Muerta, donde entre fines de mayo y principios de junio se registraron movimientos sísmicos durante ocho días consecutivos.
Vecinos de la localidad denunciaron daños en viviendas y manifestaron preocupación por la frecuencia de los temblores y la incertidumbre respecto de nuevos eventos.
“Todos los epicentros de estos temblores fueron muy cercanos al pueblo y a un equipo de fractura. Esto da la pauta de que se debe tener cuidado con los sismos que acompañan cada nuevo espacio de fractura”, señaló Javier Grosso, integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida.
El fallo judicial abre una nueva etapa en el debate sobre los impactos ambientales de Vaca Muerta y podría aportar información clave para determinar el vínculo entre la expansión de la actividad hidrocarburífera y el aumento de la sismicidad en una de las regiones energéticas más importantes de Argentina.
