La Justicia procesa al titular de un frigorífico por delitos ambientales en el río Salado
El presidente de un frigorífico de Roque Pérez enfrenta una posible condena de tres a diez años de prisión por violar la Ley de Residuos Peligrosos. El juzgado federal de Azul dictó un procesamiento sin precedentes en la región.
El juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, dictó el primer procesamiento por contaminación ambiental en el río Salado al responsabilizar a Alejandro Jorge Videla, presidente del frigorífico La Canaria S.A., por el vertido ilegal de efluentes industriales al ecosistema del cauce. La medida fue adoptada en el marco de la Ley N.º 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé penas de tres a diez años de prisión.
La resolución, emitida a pedido del fiscal Santiago Eyherabide y su equipo —María José Buglione y Lucas Moyano—, incluye además un embargo de $10 millones sobre los bienes del empresario mientras avance la instrucción.
Cómo comenzó la causa
La investigación se originó a partir de una presentación realizada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), conducida por el fiscal federal Ramiro González, luego de que se difundieran imágenes que mostraban descargas directas de efluentes sin tratamiento en aguas vinculadas al sistema del río Salado.
En un primer momento, el expediente había quedado en el Juzgado Federal de Dolores, pero tras una declaración de incompetencia fue derivado al juzgado de Azul en noviembre de 2023, donde comenzó el análisis técnico y procesal del caso.
Inspecciones y pruebas
A partir de la denuncia, equipos de la Autoridad del Agua, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal realizaron varias inspecciones en la planta frigorífica.
Los informes técnicos confirmaron infracciones ambientales reiteradas y la presencia de parámetros contaminantes por encima de los límites permitidos en, al menos, tres oportunidades entre 2023 y 2025. Entre los elementos detectados se registraron sustancias que comprometen la calidad del agua y afectan la biodiversidad del sistema hídrico del Salado.
Un precedente para el control ambiental
El procesamiento marca un precedente relevante en materia de control y penalización de delitos ambientales en la provincia de Buenos Aires, especialmente en un curso de agua históricamente afectado por actividades productivas.
Mientras la causa avanza hacia el posible juicio, organismos ambientales destacan que el fallo puede convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la fiscalización y los estándares de cumplimiento normativo en industrias que operan en zonas sensibles.
