La reforma de la Ley de Glaciares llega a la Justicia federal
Organizaciones ambientalistas, sociales y de derechos humanos impulsaron una acción judicial colectiva para frenar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada el pasado 9 de abril. La presentación fue realizada ante el juzgado federal de La Pampa y plantea la inconstitucionalidad de la modificación legislativa por considerar que debilita la protección ambiental y pone en riesgo las reservas estratégicas de agua del país.
La iniciativa es encabezada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace. Según informaron, más de 850 mil personas adhirieron a título personal al amparo para solicitar una medida cautelar que suspenda la aplicación e implementación de la nueva normativa en todo el territorio nacional, manteniendo vigente la Ley 26.639 hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Entre quienes integran el bloque actor se encuentra Marta Maffei, además de asambleas territoriales y organizaciones de distintas provincias, como Asamblea Jáchal No Se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará y Asamblea Santa Cruz por el Agua, entre otras. También acompañan entidades como Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales y el Círculo de Políticas Ambientales.
Las organizaciones sostienen que la reforma fue aprobada tras un proceso legislativo “profundamente viciado”, al denunciar que más de 100.000 personas inscriptas para participar en la audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados no pudieron intervenir de manera efectiva. Según señalaron, menos del 0,2% de los inscriptos accedió a participar oralmente, lo que —afirman— incumple los principios de participación amplia, integral e inclusiva establecidos en el Acuerdo de Escazú.
El amparo también argumenta que la reforma vulnera la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión ambiental y el sistema de presupuestos mínimos previsto en la Constitución Nacional. Asimismo, cuestiona que la nueva normativa reemplace criterios científicos por decisiones provinciales discrecionales respecto de las áreas protegidas.
En ese marco, la demanda solicita suspender toda reglamentación, resolución o autorización vinculada a la reforma, incluyendo proyectos mineros que se superpongan con glaciares y ambientes periglaciales identificados en el Inventario Nacional de Glaciares y en dictámenes técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.
Las organizaciones remarcaron que los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas del país y garantizan el abastecimiento de agua para más de siete millones de personas. Además, recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en 2019 la constitucionalidad de la Ley de Glaciares y estableció que el dominio provincial sobre los recursos naturales no puede reducir los estándares mínimos de protección federal.
En paralelo, Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas convocaron a una conferencia virtual abierta a la prensa y al público interesado para este martes 5 a las 12, donde brindarán detalles sobre la acción judicial y responderán consultas.
