Represas en suspenso: se demora la licitación de las hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro

Tras meses de negociaciones tensas y declaraciones cruzadas entre el gobierno nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro, la licitación para concesionar cinco centrales hidroeléctricas clave en la Patagonia vuelve a quedar en un terreno incierto. A tan solo dos semanas del vencimiento del plazo prorrogado por la administración de Javier Milei, aún no se publicaron los pliegos y crecen las dudas sobre los tiempos y condiciones del proceso.

El hermetismo en torno al tema es total. Desde la Secretaría de Energía de la Nación afirmaron que el proceso “está muy avanzado”, pero admiten en off que no llegarán a tiempo para licitar y adjudicar antes del 11 de agosto, cuando caduca la actual concesión. Todo indica que la próxima semana se anunciará una nueva prórroga, que podría extenderse hasta fines de noviembre.

Las represas involucradas en el proceso de reprivatización son Cerros Colorados, sobre el río Neuquén; y Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y su compensador Arroyito, todas sobre el río Limay. Actualmente están en manos de Orazul Energy, AES Argentina, Central Puerto y ENEL, respectivamente. La única que quedará fuera de esta licitación es Pichi Picún Leufú, cuya concesión vence en 2029.

Desde el gobierno de Neuquén señalaron que la Nación está aún “modificando los pliegos” e incorporando observaciones presentadas por la provincia. Sin embargo, no confirmaron si efectivamente habrá una prórroga ni cuál será su extensión: “Estamos a la espera de que avancen”, indicaron.

En mayo pasado, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) definieron, mediante una resolución conjunta, los lineamientos para avanzar con la licitación pública nacional e internacional. En esa instancia también se contempló la participación de Neuquén y Río Negro en calidad de veedores.

Como parte del proceso, se ordenó a Enarsa contratar una consultora de servicios profesionales “de primera línea” para realizar la tasación de los activos hidroeléctricos, que se concesionarían por un nuevo período de 30 años.

Según trascendió en medios nacionales, el Ministerio de Economía impulsa la licitación con la expectativa de cerrar una operación que podría generar ingresos por entre 400 y 500 millones de dólares antes de fin de año, a partir de la venta del paquete accionario de las concesionarias.

Con la fecha límite cada vez más cerca y sin definiciones concretas, el futuro de las represas sigue empantanado. La nueva prórroga parece inevitable, mientras persisten las dudas sobre el rumbo que tomará uno de los procesos de reprivatización más ambiciosos del gobierno libertario.