COP31: la transición justa se instala en el centro de la agenda climática global
La construcción de una transición energética justa será uno de los ejes centrales de la próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP31), que se realizará en noviembre en Antalya, Turquía. El debate comenzó a tomar forma durante la 64ª Sesión de los Órganos Subsidiarios (SB64) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Bonn, Alemania, donde los países iniciaron las discusiones sobre el futuro Mecanismo de Transición Justa acordado en la COP30.
Durante dos semanas, representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil intercambiaron posiciones sobre los objetivos, funciones, alcance y estructura institucional que tendrá esta nueva herramienta destinada a acompañar a los países en la transformación de sus modelos productivos y energéticos.
Desde distintos sectores se impulsa la creación de un mecanismo que facilite la cooperación internacional, la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de conocimientos para implementar transiciones equitativas en sectores clave como la energía, la agroindustria y el transporte.
“Tras varios años de diálogos sobre transición justa, el desafío es avanzar hacia herramientas concretas de implementación. El mecanismo debe ayudar a los países a acceder a asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica y otros medios de implementación para que las estrategias de transición justa puedan traducirse en resultados reales para las personas y territorios”, señaló Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien participó de las negociaciones en Alemania.
Una transición que incorpore justicia social
La COP31, que comenzará el 9 de noviembre y estará presidida por Australia, tendrá la responsabilidad de avanzar en la definición de este instrumento. Para FARN, el desafío será que el mecanismo permita convertir los compromisos climáticos internacionales en políticas concretas, adaptadas a las realidades sociales, económicas y ambientales de cada territorio.
La organización sostiene que cualquier estrategia de transición debe garantizar la participación efectiva de comunidades, trabajadores y sectores afectados por los cambios productivos, evitando que los costos de la transformación recaigan sobre las poblaciones más vulnerables.
“Si bien durante las últimas tres décadas de negociaciones se han logrado avances estructurales que transformaron la gobernanza climática global, lo que suceda en los próximos años será determinante. La transición no puede medirse únicamente por la reducción de emisiones: también debe garantizar derechos, participación y justicia social”, afirmó Mercure.
Argentina, lejos de una transición energética acelerada
Mientras el debate global apunta a reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, Argentina continúa profundizando el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos y mineros, en un contexto de fuerte dependencia del petróleo y el gas.
Según datos citados por FARN, las energías renovables representan menos del 16% de la matriz energética nacional, mientras que los combustibles fósiles siguen ocupando un lugar predominante.
La situación contrasta con las recomendaciones de organismos internacionales. Naciones Unidas sostiene que el carbón, el petróleo y el gas son responsables de más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de casi el 90% de las emisiones de dióxido de carbono que impulsan el calentamiento global.
De acuerdo con el Informe Ambiental 2026 de FARN, las partidas destinadas a la promoción de energías renovables y eficiencia energética sufrieron una fuerte reducción en los últimos años. En 2024 registraron una caída real del 66,4%, mientras que en 2025 la ejecución alcanzó los $9.190 millones, un 64% menos en términos reales respecto de 2023.
La diferencia con el apoyo estatal destinado a los combustibles fósiles es aún más marcada: durante 2025 estos sectores recibieron 41,5 veces más recursos que los programas vinculados a energías limpias.
Para 2026, el presupuesto nacional asignó $34.183 millones a energías renovables y eficiencia energética, aunque los subsidios destinados a la oferta de combustibles fósiles superan esa cifra en un 1.900%.
El desafío de convertir los compromisos en políticas
Frente a este escenario, Mercure destacó que los acuerdos internacionales pueden generar marcos de acción relevantes, pero advirtió que el éxito de cualquier mecanismo dependerá de las decisiones que adopten los gobiernos a nivel nacional.
“El Mecanismo de Transición Justa puede contribuir a acelerar las transiciones justas. Sin embargo, los países también deben hacer su parte y traducir los acuerdos y compromisos internacionales en políticas públicas capaces de transformar sus sistemas energéticos y productivos, garantizando justicia social, participación ciudadana y protección de los territorios. La COP31 será una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero las decisiones que se tomen a nivel nacional seguirán siendo determinantes”, concluyó.
Con la cuenta regresiva hacia la COP31 ya en marcha, el debate sobre cómo abandonar progresivamente los combustibles fósiles sin profundizar desigualdades sociales se perfila como uno de los principales desafíos de la agenda climática internacional. En ese contexto, Argentina deberá definir si acompaña la tendencia global hacia una matriz energética más limpia o mantiene su apuesta por la expansión de las actividades extractivas.
