Ambiente en retroceso: los impactos de la Ley Bases y los decretos del Ejecutivo

Con el vencimiento, el pasado 8 de julio, de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742), se cierra un período marcado por fuertes retrocesos en materia ambiental. Durante un año, esta norma otorgó al Presidente amplios poderes para reorganizar el Estado, eliminar organismos y disolver fondos, incluso en áreas sensibles como la protección de los bosques, la gestión del agua, la prevención de incendios y la regulación de la actividad hidrocarburífera.

Lejos de avanzar en el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes o de los compromisos asumidos por Argentina a nivel internacional, como el Acuerdo de París o el Acuerdo de Escazú —ambos con rango constitucional—, las medidas adoptadas a través de decretos ejecutivos generaron preocupación entre especialistas, organizaciones ambientales y actores del sistema científico.

Fin de FOBOSQUE: retroceso en la conservación de bosques nativos

Uno de los golpes más significativos fue la eliminación, por medio del Decreto 888/2024, del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), creado en 2018 como herramienta clave para administrar de forma transparente y eficiente los recursos destinados a conservar estos ecosistemas. Su supresión no solo vulnera la Ley de Bosques Nativos (N° 26.331), sino que también infringe el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú.

A esta medida se sumó la nula ejecución presupuestaria del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos durante 2024, dejando sin apoyo económico a provincias y propietarios que conservan áreas forestales. Esto sucede en un contexto crítico, donde los bosques siguen amenazados por la expansión agrícola, la deforestación ilegal y la especulación inmobiliaria.

Agua: entre recortes y centralización

Otra área afectada fue la gestión hídrica. El Decreto 1020/2024 disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), mientras que el Decreto 396/2025 transformó al Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad sin autonomía dentro del Ministerio de Obras Públicas, contradiciendo incluso la Ley Bases que prohíbe su disolución.

El INA es una pieza fundamental para la investigación y monitoreo del recurso hídrico en Argentina, con funciones críticas como el pronóstico y alerta hidrológica de la Cuenca del Plata o el funcionamiento del Observatorio Hidrológico Nacional. Su desjerarquización genera interrogantes sobre la continuidad y calidad de estos servicios.

Fusión entre el INPRES y SEGEMAR: tensión entre prevención sísmica e intereses mineros

La misma lógica de concentración y pérdida de autonomía se aplicó a otros organismos técnicos. El Decreto 396/2025 también fusionó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), trasladando funciones claves para la prevención sísmica a un organismo cuyo enfoque está centrado en la explotación minera.

La medida es particularmente cuestionable ya que el INPRES no solo tiene competencias específicas en estudios sismológicos, sino que su existencia está protegida por la propia Ley Bases. Aunque no fue formalmente disuelto, el vaciamiento de funciones y la subordinación al SEGEMAR representan un debilitamiento institucional de alto riesgo.

Fondo de Manejo del Fuego: sin recursos en medio de la crisis climática

La disolución del Fideicomiso Financiero del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, dispuesta por el Decreto 463/2025, es otra medida preocupante. Pese a que se mantienen las contribuciones de las aseguradoras, se eliminó el fondo que garantizaba la compra de equipos, la capacitación de brigadistas y la realización de campañas de prevención. Esta decisión ocurre en un contexto de subejecución presupuestaria del 81% en 2024 y sin partidas ejecutadas durante los incendios del verano 2025 en regiones como la Patagonia o Corrientes.

Los incendios forestales en Córdoba, Río Negro o Chubut provocaron en los últimos años la pérdida de vidas humanas, biodiversidad e infraestructura. Su prevención requiere recursos, planificación e instituciones robustas. La disolución del fideicomiso atenta directamente contra estos objetivos.

Un nuevo marco ambiental para hidrocarburos: deuda pendiente

La Ley Bases otorgó también al Presidente la facultad de elaborar una legislación ambiental armonizada para la actividad hidrocarburífera, según el artículo 163. El Decreto 1057/2024, en su Anexo III, detalla aspectos básicos como la gestión de residuos, emisiones, pasivos ambientales y licencias, pero omite otros elementos clave como evaluaciones de impacto ambiental y climática robustas e independientes, consulta indígena, monitoreo ambiental constante, y protocolos de respuesta ante contingencias.

Sin estos elementos, la promesa de aplicar las “mejores prácticas internacionales” queda a mitad de camino, y no garantiza un desarrollo energético alineado con el cuidado del ambiente y los derechos humanos.

Balance: eficiencia o desprotección ambiental

Bajo la bandera de la desregulación, las decisiones adoptadas con las facultades delegadas al Ejecutivo han debilitado estructuras estatales fundamentales para la política ambiental argentina. La Ley General del Ambiente (N° 25.675) establece el principio de integración, que exige que toda política pública incorpore la dimensión ambiental. El vaciamiento de organismos técnicos y la eliminación de fondos específicos violan este principio y suponen retrocesos incompatibles con las crisis ecológica y climática en curso.

Si existían ineficiencias o falta de transparencia en los organismos o fondos fiduciarios, la solución no debió ser su eliminación, sino su mejora. Como señala el Acuerdo de Escazú, los derechos ambientales son progresivos y no pueden ser debilitados sin violar obligaciones jurídicas internacionales.

La motosierra no es una herramienta de gestión ambiental. Lo que se necesita es un Estado comprometido con el ambiente, capaz de ejercer control, exigir cumplimiento, garantizar la participación pública y actuar con base en la mejor evidencia científica. Solo así será posible construir políticas que estén a la altura de los desafíos del presente.