América Latina debatió cómo avanzar hacia una agenda ambiental común frente a la fragmentación regional
En el II Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana, referentes de Argentina, Brasil y Ecuador analizaron el papel de los gobiernos subnacionales, la continuidad de las políticas públicas y los desafíos de la cooperación regional.
En el marco del II Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana, realizado el 29 y 30 de octubre en La Plata, se desarrolló el panel “América Latina frente a la crisis ambiental: ¿integración o fragmentación?”, un espacio de intercambio sobre las posibilidades de construir respuestas regionales conjuntas frente a desafíos ambientales compartidos.
La segunda edición del Congreso fue organizada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires en colaboración con el Instituto Cultural bonaerense. Reunió a más de 2.500 participantes y 110 panelistas en 25 paneles, articulados en torno a la transición justa, la redistribución de la riqueza y la construcción de una posición latinoamericana común frente a la crisis ambiental.
La actividad, realizada el viernes 30 de octubre en el Pasaje Dardo Rocha, contó con la participación de Jessica Gabriela Andrade, del Municipio de Quito (Ecuador); Pedro Spadale, subsecretario de Relaciones Internacionales de Niterói (Brasil); Soledad Magno, secretaria de Integración Regional del Partido Justicialista (Argentina); y Graciela Camaño, exdiputada nacional y exministra de Trabajo de Argentina. La moderación estuvo a cargo de Mariano Villares, cofundador de Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF).
El panel propuso reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los procesos de integración latinoamericana en un escenario atravesado por diferencias políticas, cambios de orientación de los gobiernos y tensiones económicas. Uno de los interrogantes centrales fue cómo sostener una agenda ambiental compartida que trascienda los ciclos electorales y permita avanzar más allá de los acuerdos coyunturales.
En ese contexto, la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el 25 de octubre, fue uno de los elementos recientes de la coyuntura política regional. Su continuidad en el gobierno planteó nuevas preguntas sobre las oportunidades para fortalecer la integración y la cooperación ambiental en América Latina, aun en medio de diferencias entre los gobiernos de la región.
Días después del Congreso, las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre dieron al Partido Demócrata el control de ambas cámaras del Congreso, en un revés electoral para el presidente Donald Trump. El resultado agregó una nueva variable al escenario internacional en el que se debate la cooperación climática, aunque su impacto sobre la política ambiental estadounidense todavía está por definirse.
Más allá de esa coyuntura, el panel abordó el papel de las ciudades, provincias y estados en la construcción de redes de cooperación. A partir de las experiencias de Quito y Niterói, el intercambio puso el foco en la capacidad de los gobiernos subnacionales para sostener políticas ambientales, intercambiar conocimientos, articular iniciativas y promover proyectos conjuntos, incluso cuando existen diferencias con las prioridades de los gobiernos nacionales.
También se planteó la importancia de fortalecer los marcos institucionales y los mecanismos de gobernanza que den continuidad a las políticas públicas. En ese sentido, la discusión incluyó el rol de la legislación ambiental, los acuerdos políticos de largo plazo y las herramientas necesarias para prevenir retrocesos en la protección del ambiente.
El debate se desarrolló en un momento significativo para la cooperación regional, ya que durante el Congreso se firmó el acta constitutiva del Frente Ambiental Latinoamericano (FAL). Este espacio, surgido de un proceso de articulación entre gobiernos subnacionales con el acompañamiento técnico de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, busca construir posiciones comunes, fortalecer capacidades y ampliar la participación de los territorios en la agenda climática internacional.
La proyección de este proceso adquiere especial relevancia ante la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía. La agenda oficial de la cumbre pondrá el foco en la implementación de los compromisos climáticos, la adaptación, el financiamiento y la transición justa, con espacios de participación para ciudades, estados y organizaciones de la sociedad civil. Para los gobiernos subnacionales latinoamericanos, el encuentro representa una oportunidad de ampliar alianzas y promover proyectos de cooperación vinculados con las prioridades de sus territorios.
“En un contexto de avance de gobiernos nacionales de extrema derecha y de crecientes cuestionamientos a la agenda ambiental, los gobiernos subnacionales tienen un papel fundamental para sostener e impulsar la acción climática. Las ciudades, provincias y estados pueden dar continuidad a políticas de largo plazo, construir alianzas regionales y desarrollar proyectos concretos, incluso cuando las prioridades de sus gobiernos nacionales son diferentes. La COP31 representa una oportunidad para fortalecer esa cooperación y demostrar que la agenda ambiental también se construye desde los territorios”, señaló Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras.
El intercambio dejó planteado un desafío que trasciende el Congreso: consolidar mecanismos de cooperación capaces de sostener políticas públicas y transformar los objetivos compartidos en proyectos concretos para los territorios latinoamericanos.
