De Santa Marta a la COP31: el desafío de transformar la transición energética en acciones concretas

Mientras los negociadores internacionales se preparan para participar de las reuniones intersesionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (SB 64), que se desarrollarán del 8 al 18 de junio en Bonn, Alemania, una de las discusiones centrales gira en torno a cómo acelerar una transición energética justa que permita reducir la dependencia de los combustibles fósiles en América Latina.

Ese fue el eje de una conferencia de prensa, en la que representantes gubernamentales, científicos y organizaciones de la sociedad civil analizaron cómo el impulso político surgido de la Conferencia de Santa Marta puede transformarse en compromisos concretos de cara a la COP31, prevista para noviembre en Turquía.

Los especialistas coincidieron en que el desafío regional ya no se limita a definir metas climáticas, sino a diseñar estrategias viables para implementarlas en economías que todavía dependen fuertemente de los ingresos generados por el petróleo, el gas y el carbón.

Santa Marta y una nueva etapa del debate climático

Uno de los principales mensajes del encuentro fue que la Conferencia de Santa Marta marcó un punto de inflexión en la discusión internacional sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Juan Carlos Monterrey, director nacional de Cambio Climático de Panamá, destacó que el encuentro permitió abrir un diálogo político sin precedentes entre más de 50 países sobre cómo avanzar hacia sistemas energéticos más sostenibles.

“Santa Marta abrió una nueva fase política en el debate climático. Por primera vez, más de 50 países se sentaron a discutir abiertamente cómo avanzar hacia una transición más allá de los combustibles fósiles. Bonn será una prueba clave de nuestra capacidad para mantener ese impulso y traducirlo en acciones concretas”, afirmó.

Según explicó, la discusión ya no puede limitarse a los marcos regulatorios existentes, sino que debe avanzar hacia nuevos mecanismos de cooperación internacional y herramientas que permitan acelerar la transformación energética.

Subsidios, transparencia y dependencia fiscal

Otro de los temas abordados fue el papel que desempeñan los subsidios a los combustibles fósiles en la región.

Desde la sociedad civil se advirtió que muchos gobiernos aún carecen de información precisa sobre el alcance real de estos incentivos y que resulta indispensable avanzar en procesos de auditoría y transparencia antes de plantear su eliminación.

Los expertos señalaron que la dependencia fiscal de numerosos países latinoamericanos respecto de las actividades extractivas constituye uno de los principales obstáculos para una transición acelerada, lo que obliga a diseñar políticas que permitan sustituir gradualmente esas fuentes de ingresos sin generar impactos sociales significativos.

La burocracia como obstáculo para la acción climática

Monterrey también cuestionó la creciente carga administrativa que enfrentan los organismos públicos responsables de las políticas ambientales.

Según explicó, los ministerios de la región deben responder simultáneamente a más de 15 convenciones internacionales, lo que consume gran parte de sus capacidades técnicas y limita la implementación efectiva de proyectos de adaptación y mitigación.

A su juicio, la fragmentación institucional y la multiplicación de obligaciones burocráticas terminan alejando recursos humanos y financieros de las comunidades más vulnerables, precisamente aquellas que más necesitan respuestas frente a los impactos del cambio climático.

Ciencia desde el Sur Global

Durante la conferencia también se presentó el trabajo del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), una iniciativa que busca fortalecer la producción de conocimiento desde los países en desarrollo.

Gilberto Jannuzzi, integrante del panel, destacó que el Sur Global está participando activamente en el diseño de las rutas tecnológicas necesarias para la transición energética, aportando una mirada propia sobre los desafíos y oportunidades de cada región.

El especialista sostuvo que la transición energética debe abordarse como una estrategia integral de desarrollo económico y social.

“La transición justa más allá de los combustibles fósiles ya no es solo una cuestión de ambición climática; es una cuestión de planificación económica, equidad social y credibilidad política. Los países que avancen primero en el desarrollo de hojas de ruta concretas y aplicables no solo reducirán sus emisiones, sino que también estarán mejor posicionados para competir en las economías del futuro”, señaló.

Infraestructura, empleo y transición justa

Los participantes coincidieron en que América Latina enfrenta una paradoja particular: posee abundantes recursos renovables y reservas estratégicas de minerales críticos para la transición energética, pero al mismo tiempo mantiene una fuerte dependencia económica y laboral de la industria de los combustibles fósiles.

Por ello, advirtieron que la transformación no puede limitarse a reemplazar tecnologías o expandir la infraestructura eléctrica, sino que debe incluir políticas de reconversión laboral, protección social y desarrollo productivo para las comunidades vinculadas al sector energético tradicional.

“La pregunta ya no es si debemos avanzar más allá de los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo de manera justa. Nuestra hoja de ruta regional busca conectar la ambición del proceso climático internacional con las transformaciones concretas que América Latina necesita para construir economías más resilientes, equitativas y preparadas para el futuro”, afirmó Diana Barba, coordinadora de Diplomacia Energética de Transforma.

Hojas de ruta hacia la COP31

Uno de los principales instrumentos para avanzar en este proceso serán las hojas de ruta nacionales e internacionales que actualmente impulsa la presidencia brasileña de la COP30.

Flávia Bellaguarda, asesora extraordinaria para la COP30 del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, explicó que estos documentos permitirán traducir los compromisos climáticos en planes concretos de transformación económica y energética.

“Las hojas de ruta son determinadas a nivel nacional y representan un proceso que cada país debe abordar. A medida que los escenarios climáticos se vuelvan más críticos, esos caminos ya deberán estar trazados para garantizar a la ciudadanía seguridad económica, social y energética”, sostuvo.

La entrega final de estas hojas de ruta está prevista para la COP31, donde se espera que los países presenten estrategias más detalladas para avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y compatible con los objetivos climáticos globales.