El COFEMA no apoya al gobierno en la reforma de la Ley de Glaciares
En el marco de la discusión por la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno Nacional, las provincias debatieron la iniciativa en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Entre votos negativos, abstenciones y ausencias, el Ejecutivo no logró el respaldo del organismo para avanzar con la propuesta.
Durante la reunión, representantes de las jurisdicciones analizaron el proyecto que el oficialismo prevé tratar este jueves en el Senado de la Nación. La Provincia de Buenos Aires expresó su posición en contra al considerar que la iniciativa implica un retroceso en materia de protección ambiental.
En representación bonaerense, la subsesecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, sostuvo que “en términos jurídicos, este proyecto de ley es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que nuestro país acompaña y avala. También vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional”. Además, advirtió que “esta discusión se da en un escenario internacional de crisis climática, donde organismos como la Organización de las Naciones Unidas vienen alertando sobre el ritmo alarmante de retroceso de los glaciares”.
Por su parte, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires reafirmó que “la protección de los glaciares constituye una política estratégica para la preservación de los bienes comunes naturales y el acceso al agua, y que cualquier modificación normativa debe garantizar estándares ambientales más altos y no retroceder en los ya alcanzados”. “Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica, no podemos permitir esta flexibilización ambiental para que las empresas extranjeras la destruyan”, enfatizó.
Finalmente, entre votos en contra, abstenciones y ausencias, el Gobierno no consiguió el aval del COFEMA, lo que dejó en evidencia la falta de consenso federal en torno a una reforma que, según sus críticos, debilita herramientas clave de protección ambiental. La Provincia de Buenos Aires fue una de las principales impulsoras de la postura contraria a la modificación y, junto a otras jurisdicciones, promovió la invitación a organizaciones ambientales y técnicos del IANIGLA para participar del debate.
