El Senado de la Nación Argentina ya debate en el recinto en la recta final de las sesiones extraordinarias: la reforma a la Ley de Glaciares

El Senado discute la modificación de la ley 26639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios, aunque a último momento la Unión Cívica Radical presentó un proyecto alternativo que limita el poder de las provincias en la delimitación de áreas protegidas.

Las negociaciones se intensificaron en las últimas horas para evitar que la votación fracase en la sesión de este jueves. La reforma constituye un compromiso asumido por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una norma más flexible para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos.

Dentro del peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, existen interrogantes sobre la postura de ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci y Sergio Uñac.

El proyecto oficial redefine el alcance de las zonas protegidas y distingue entre “formas periglaciares” que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y aquellas que no tendrían una función hídrica comprobable. Solo las primeras quedarían blindadas de actividades económicas, mientras que en las segundas podrían habilitarse proyectos de inversión.

La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares como ambientes periglaciares, ecosistemas de alta montaña caracterizados por suelos congelados o saturados de agua, que cumplen un rol clave en la regulación hídrica.

La iniciativa crea además el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), con coordinación de la Secretaría de Energía. El organismo deberá identificar glaciares y formas periglaciares y determinar cuáles cumplen función hídrica.

Entre las actividades prohibidas se mantienen la minería, la explotación hidrocarburífera, la liberación de sustancias contaminantes y obras de infraestructura que alteren de modo relevante la condición natural de los glaciares. Se permiten, en cambio, investigaciones científicas, rescates y deportes no motorizados.

La principal diferencia entre el proyecto del Ejecutivo y el de la UCR radica en el grado de autonomía provincial: mientras el oficialismo propone que las provincias tengan la facultad de definir qué áreas proteger y proponer modificaciones al inventario, el radicalismo otorga mayor centralidad técnica al Ianigla.

El Gobierno fundamenta su postura en el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

La reforma, sin embargo, enfrenta un fuerte rechazo de asambleas ambientalistas y sectores de la Iglesia, que advierten sobre una posible “regresión ambiental” y sostienen que la protección de glaciares y zonas periglaciares —reservas estratégicas de agua dulce— no debe flexibilizarse en función de intereses económicos de corto plazo.