Recortes dispares: la subejecución golpea a la salud, la educación y el ambiente
Por segundo año consecutivo, el Gobierno nacional administra con un presupuesto prorrogado, lo que le otorga un margen extraordinario para reasignar o recortar partidas sin la intervención del Congreso. Entre 2023 —último año en que se aprobó una Ley de Presupuesto— y 2025, el gasto total muestra una caída real del 26,5%, según datos del Monitor Ambiental del Presupuesto de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El ajuste, sin embargo, no afecta a todas las áreas por igual. Mientras se reducen fuertemente recursos destinados a salud, educación y ambiente, otras partidas crecen. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por ejemplo, contará en 2025 con $80.873 millones, un incremento del 19,2% en términos reales respecto de 2023, el más alto de los últimos cinco años.
Superávit fiscal, déficit social y ambiental
Durante el primer semestre de 2025, el Estado acumuló un superávit financiero de $3.095.086 millones. Para FARN, este resultado positivo se explica en gran parte por la subejecución de partidas sensibles.
De hecho, si se utilizara el 88,6% de ese superávit ($2.742.389 millones), podrían evitarse los recortes en áreas clave sin comprometer el equilibrio fiscal. Aún así, el Estado conservaría un superávit de $352.697 millones.
La comparación expone el impacto de los recortes:
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Con el 0,99% del superávit ($30.729 millones) se podría mantener el presupuesto real del Hospital Garrahan.
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Con el 63,4% ($1.962.342 millones), sostener el programa de Desarrollo de la Educación Superior, que financia a las universidades públicas.
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Con el 24,21% ($749.318 millones), garantizar todas las partidas ambientales clave.
Recortes ambientales: caída de hasta el 83%
Las partidas vinculadas al ambiente son de las más afectadas. Entre el primer semestre de 2023 y el de 2025, la reducción real fue la siguiente:
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Saneamiento cuenca Matanza-Riachuelo: -83,2%.
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Fomento de energías renovables y eficiencia energética: -78%.
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Fondo de Bosques Nativos: -77,8%.
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Subsecretaría de Ambiente: -68,9%.
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Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): -40,6%.
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Administración de Parques Nacionales (APN): -40,1%.
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Servicio Meteorológico Nacional (SMN): -36,5%.
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Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF): -33,9%.
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Sistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP): -28,1%.
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Prevención Sísmica: -15%.
El presidente Javier Milei ha sostenido en reiteradas oportunidades que “el superávit fiscal no se negocia”. Sin embargo, para FARN y otras organizaciones, este logro se sostiene sobre un déficit social y ambiental, ya que se alcanzó a costa de reducir políticas públicas que garantizan derechos fundamentales y condiciones básicas de vida.
Las caídas en las partidas ambientales, advierten, no solo implican retrocesos en políticas de conservación, sino que también tienen impacto directo en la salud y la calidad de vida de la población.
