Atanor bajo la lupa: detectan vuelco ilegal de efluentes industriales en San Nicolás
Greenpeace y FOMEA alertan sobre un nuevo vuelco clandestino de efluentes industriales a metros del río Paraná, en violación de una orden judicial. La justicia investiga posibles delitos penales ambientales.
La planta de la empresa Atanor, ubicada en San Nicolás, vuelve a estar en el centro de una grave denuncia por contaminación ambiental. Durante una inspección reciente, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) detectó la presencia de una bomba sumergida que evacuaba líquidos contaminantes directamente al suelo natural del predio. La zona se encuentra a escasos metros de la barranca del río Paraná, lo que podría representar un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica.
Lo más alarmante es que este vuelco clandestino se habría producido en clara desobediencia a una orden judicial que prohíbe expresamente este tipo de descargas. La empresa ya fue hallada culpable en 2023 por causar daño ambiental irreversible al río Paraná, en un fallo confirmado por la Cámara de Apelaciones.
Piden medidas urgentes y sanciones ejemplares
Frente a este nuevo episodio, la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) solicitó a la jueza del caso que dicte de forma urgente una nueva medida cautelar para suspender el uso del recurso hídrico por parte de Atanor, al menos hasta que se implemente un sistema confiable que impida cualquier desvío o vuelco ilegal de efluentes.
“Este caso refleja el accionar criminal de una empresa que no solo contamina, sino que además desafía abiertamente las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”, declaró Fabián Maggi, abogado de los vecinos de San Nicolás. “Exigimos sanciones ejemplares, el refuerzo inmediato de los controles estatales y la clausura de una planta que ya fue condenada judicialmente”, agregó.
Posibles delitos penales en curso
La jueza que lleva la causa ya notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que se investigue si directivos y personal de la empresa incurrieron en delitos de acción pública, en el marco del artículo 239 del Código Penal (desobediencia a una orden judicial) y de la Ley N.º 24.051 de Residuos Peligrosos.
El expediente judicial aclara que Atanor solo contaba con permiso para el vuelco de efluentes cloacales, no industriales. Sin embargo, las pruebas recabadas por ADA indicarían que la empresa volvió a violar las condiciones impuestas por la justicia.
