Demandan al Estado por el impacto ambiental del Canal de la Patria: denuncian una “trampa mortal” para la fauna en Santiago del Estero

Las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional. El motivo: el grave daño ambiental provocado por la obra pública conocida como Nuevo Canal de la Patria, una infraestructura hídrica que, según denuncian, está causando una mortandad masiva de fauna silvestre y doméstica, además de fragmentar hábitats críticos en una de las regiones más degradadas del país.
La demanda —presentada en junio— solicita medidas urgentes y estructurales para recomponer el ambiente afectado sin comprometer el derecho humano al acceso al agua. El canal, originalmente construido en los años ‘70 y renovado en 2020 con financiamiento nacional, recorre más de 250 kilómetros entre el río Salado y la localidad de Quimilí. Fue diseñado para abastecer de agua a la población y al desarrollo ganadero, pero su diseño con paredes de hormigón inclinadas y resbaladizas lo ha convertido en una trampa sin salida para animales de diversas especies.
Fauna silvestre en peligro
Organizaciones ambientalistas registraron, entre 2023 y 2025, más de 250 animales muertos de al menos 40 especies distintas en solo seis meses. Entre ellas se encuentran ejemplares de Oso Hormiguero Gigante, Tortuga Terrestre Argentina, Pecarí de Collar, Mataco Bola y Corzuela Parda, muchas de ellas amenazadas o en peligro de extinción, según listados nacionales e internacionales.
Además de las muertes directas, el canal actúa como una barrera física, que fragmenta los ecosistemas, impide el desplazamiento natural de la fauna, bloquea rutas migratorias y restringe el flujo genético. En el contexto del Chaco Seco, una de las ecorregiones más deforestadas del mundo, este impacto resulta especialmente crítico. Santiago del Estero lideró la deforestación nacional entre 2009 y 2023, con más de 1,2 millones de hectáreas desmontadas, lo que agudiza aún más la presión sobre la biodiversidad local.
Riesgo sanitario y demanda judicial
La acumulación de animales muertos dentro del canal representa además un riesgo para la salud pública, ya que podría contaminar el agua utilizada para consumo humano. Las organizaciones demandantes aseguran haber agotado todas las vías administrativas para lograr una respuesta eficaz. Incluso luego de la Resolución 53/24 de la Defensoría del Pueblo, que intimó a los gobiernos a tomar medidas correctivas, la inacción persiste.
Por ello, la demanda elevada a la Corte Suprema exige la implementación de un Plan de Recomposición Ambiental, que incluya monitoreo, zonificación, obras de mitigación y un plan de gestión integral. El objetivo no es frenar la obra, sino modificarla para que no comprometa la biodiversidad, explican.
“El Canal de la Patria es un ejemplo de desarrollo mal planificado. Puede y debe abastecer agua sin convertirse en una trampa mortal”, señaló José Esain, abogado de las organizaciones.
Voces del reclamo
Desde las entidades ambientalistas, distintas voces respaldaron la acción legal:
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Cristian Fernández, FARN: “El canal fragmenta el hábitat y bloquea el movimiento natural de la biodiversidad chaqueña. Urge rediseñar esta infraestructura”.
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Manuel Jaramillo, Fundación Vida Silvestre: “No se puede garantizar el acceso al agua sacrificando la fauna y comprometiendo la calidad del recurso”.
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Hernán Casañas, Aves Argentinas: “El canal tiene un objetivo social valioso, pero su construcción sin criterios ambientales lo transformó en una amenaza para el ecosistema”.
Un llamado a la Corte Suprema
La demanda se apoya en principios constitucionales y en la Ley General del Ambiente, que en su artículo 41 establece la obligación de recomponer el daño ambiental. Se espera que el máximo tribunal actúe con celeridad y siente un precedente para obras futuras, donde el desarrollo no sea incompatible con la conservación.
La causa del Canal de la Patria podría convertirse en un caso emblemático de justicia ambiental en Argentina, donde la infraestructura hídrica y la protección de la biodiversidad no deben ser objetivos en conflicto, sino partes de una misma solución.