El Gobierno prepara un decreto clave sobre la Ley de Glaciares y reaviva un histórico conflicto entre minería y ambientalismo
Con los días contados antes del vencimiento de los poderes especiales de Javier Milei, la Casa Rosada trabaja en una nueva reglamentación de la polémica norma. El sector minero lo ve como un paso crucial para avanzar con inversiones millonarias.
El gobierno nacional se apresta a cerrar uno de los capítulos más espinosos de la relación entre desarrollo minero y protección ambiental en Argentina: la reglamentación de la Ley de Glaciares, un punto central en la agenda minera y uno de los símbolos más fuertes del activismo ambiental en el país.
El anuncio no fue oficial, pero el trascendido surgido desde Casa Rosada este domingo reactivó un debate latente. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, se trabaja contrarreloj en un decreto reglamentario para zanjar definitivamente las ambigüedades de la ley sancionada en 2010. El objetivo: avanzar con proyectos que llevan años en suspenso por la falta de claridad legal sobre qué territorios están protegidos.
«Ahora que está el RIGI, ¿qué queda en la agenda? ¿Retenciones, infraestructura, regalías…? No te olvides de Glaciares, una asignatura pendiente», resume un diálogo habitual entre funcionarios y empresarios mineros.
El contexto no es menor: Argentina cuenta con 16.968 glaciares, que abarcan una superficie de 8.484 km², según el Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). De ellos, 16.078 están en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur.
El gobierno anterior dejó pendiente la publicación de la actualización del inventario, que cobra especial simbolismo en 2025, declarado como el Año Internacional de Conservación de Glaciares por las Naciones Unidas. Una fecha que pone el tema, una vez más, en el centro de la escena política, económica y ambiental.
Una definición clave para 40 proyectos
Según estimaciones compartidas tanto por empresas como por organizaciones ambientalistas, al menos 40 proyectos mineros están a la espera de una definición clara sobre la aplicación territorial de la ley. Para el sector, se trata de una condición necesaria —aunque no suficiente— para destrabar inversiones de peso. No se habla de los US$ 33.000 millones anunciados como cartera total de inversiones, pero sí de proyectos «de fuste».
El decreto en preparación busca precisar si los suelos periglaciares —áreas con presencia estacional de hielo o con características similares a las de los glaciares— deben ser considerados también zonas de protección. Esta definición ha sido el eje de las disputas más intensas desde que la ley fue sancionada, hace 15 años, en un proceso plagado de vetos, contramarchas e indefiniciones técnicas.
La resistencia vuelve al campo de juego
Aunque la resistencia ambientalista se ha mantenido en un tono más bajo en los últimos tiempos, la posibilidad de una reglamentación que limite el alcance de la protección podría reactivar movilizaciones. «No hay noticia mejor que esta para la anti minería», señalan observadores del sector, recordando los episodios de fuerte oposición pública en provincias como San Juan, Mendoza o Chubut.
Durante su gestión, Alberto Fernández evitó avanzar sobre este punto, temiendo el costo político de enfrentar a las organizaciones ambientalistas y los reclamos sociales. Pero el gobierno actual, con un enfoque mucho más proinversión, parece decidido a correr ese riesgo.
El decreto, si se publica antes del vencimiento de los poderes especiales otorgados a Milei, podría marcar un punto de inflexión. Pero difícilmente sea el capítulo final de una historia que ya lleva más de una década de idas y vueltas entre la necesidad de atraer inversiones y la urgencia de proteger los ecosistemas de alta montaña.
