La Nación y las provincias del Comahue acuerdan el cobro de canon hídrico y allanan el camino para la reprivatización de las represas

Represas Comahue

Tras meses de negociaciones, Neuquén y Río Negro recibirán un 1% por el uso del agua en las cinco centrales hidroeléctricas que aportan el 25% de la energía hidroeléctrica del país. El Gobierno nacional publicará en breve los pliegos para la nueva licitación.

La compleja negociación entre el Gobierno nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro por el futuro de las represas hidroeléctricas del Comahue llegó finalmente a un acuerdo político que destraba el proceso de reprivatización del sistema. Como parte del entendimiento, ambas provincias cobrarán un canon del 1% cada una por el uso del recurso hídrico, un punto clave que había mantenido en vilo el avance del proceso licitatorio.

Según confirmaron fuentes privadas y públicas a EconoJournal, el Ejecutivo nacional se apresta a lanzar en los próximos días los pliegos de licitación para la adjudicación de las cinco represas: El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén. Este sistema genera alrededor del 25% de la energía hidroeléctrica del país, y sus contratos de concesión ya vencieron o están a punto de hacerlo.

Acuerdo tras una larga negociación

El lanzamiento de la licitación estaba previsto para abril, pero las diferencias entre los gobiernos provinciales —encabezados por Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro)— y el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, postergaron la publicación de los pliegos. Las provincias buscaban garantizar un rol activo y una compensación por el uso de sus recursos naturales, mientras que Nación intentaba evitar una judicialización que obstaculizara el proceso.

Finalmente, se llegó a un consenso que reconoce la potestad provincial de cobrar un canon por el uso del agua, sin que esto implique una participación directa en el paquete accionario de las represas, como inicialmente reclamaban las provincias.

Un conflicto con raíces constitucionales

El reclamo provincial se sustentaba en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que desde la reforma de 1994 otorga a las provincias la propiedad de los recursos naturales ubicados en sus territorios. Amparadas en ese marco, Neuquén y Río Negro aprobaron leyes que establecen el cobro de un canon hídrico para la generación eléctrica.

En el caso de Neuquén, la norma establecía un pago de US$ 0,005 por metro cúbico de agua utilizada. Río Negro, en cambio, planteaba que las empresas concesionarias deberían entregar un 5% de lo facturado en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Ninguna de estas leyes fue reglamentada, y Nación había rechazado inicialmente su validez, al considerar que el pago de regalías hidroeléctricas del 12% de las ventas ya compensaba el uso del recurso.

Sin embargo, el acuerdo final incluye una vuelta de página en esa posición, reconociendo a las provincias un canon del 1% adicional por el uso del agua, un gesto político que facilitó el entendimiento y evitará conflictos judiciales.

Qué sigue

Con el acuerdo cerrado y los aspectos administrativos en fase final de revisión, se espera que el Gobierno nacional publique en los próximos días los pliegos licitatorios para reprivatizar las represas. El proceso marcará un nuevo capítulo en la historia de estas centrales, que fueron concesionadas tras la privatización del sistema energético en los años ‘90 y cuyo futuro había quedado envuelto en indefiniciones jurídicas y tensiones federales.