En el Mundial del ambiente, Argentina está complicada
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó el Informe Ambiental FARN (IAF) 2026, su tradicional publicación anual que analiza el estado del ambiente en la Argentina. En esta edición, el documento utiliza una metáfora futbolística para describir la situación del país frente a los principales desafíos ambientales y concluye que Argentina enfrenta un escenario complejo, marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, retrocesos normativos y un fuerte desfinanciamiento de las políticas ambientales.
El informe sostiene que, de mantenerse la tendencia actual, será muy difícil cumplir con los compromisos internacionales asumidos para 2030, por lo que reclama una redefinición de las políticas públicas vinculadas a la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
Cambio climático: una agenda con compromisos pendientes
Uno de los principales señalamientos del IAF 2026 es que Argentina no presentó durante 2025 su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), documento clave dentro del Acuerdo de París que establece los compromisos de reducción de emisiones y adaptación frente al cambio climático.
Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, correspondiente a 2022, el país emitió 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e). El sector energético representa cerca del 50% de las emisiones nacionales, seguido por la agricultura y la ganadería con aproximadamente 25%.
FARN también advierte que más del 80% de la matriz energética argentina continúa dependiendo de combustibles fósiles, mientras que el Emissions Gap Report 2025 ubica al país entre los miembros del G20 con menores probabilidades de cumplir sus compromisos climáticos hacia 2030.
Biodiversidad: áreas protegidas insuficientes y menor financiamiento
En materia de biodiversidad, el informe señala que Argentina tampoco cumplió con la presentación del Reporte Nacional de Biodiversidad ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo plazo venció en febrero de 2026.
De acuerdo con datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), las áreas protegidas terrestres cubren apenas el 13% del territorio continental, mientras que las áreas marinas alcanzan el 7% de la plataforma submarina, cifras todavía lejanas al objetivo global de proteger el 30% del territorio y los océanos para 2030, establecido por el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
El documento también alerta sobre la reducción del presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales, que registra una caída real del 32,3% respecto de 2023, lo que compromete la gestión de las 55 áreas protegidas nacionales, especialmente en aspectos vinculados al control de incendios, conservación y fortalecimiento institucional.
Degradación de la tierra y pérdida de bosques
Otro de los ejes centrales del informe es la degradación de los suelos y la desertificación, fenómenos estrechamente vinculados al cambio climático y a la deforestación.
Según FARN, cerca del 70% del territorio argentino corresponde a tierras secas y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación, producto de la sobreexplotación de los recursos naturales y de las sequías cada vez más frecuentes.
Los datos oficiales muestran además una importante pérdida de bosque nativo durante los últimos años:
- 211.974 hectáreas en 2022.
- 173.816 hectáreas en 2023.
- 165.061 hectáreas en 2024.
El informe agrega que los incendios fueron responsables del 13% de esa pérdida forestal, mientras que la histórica sequía de 2023 provocó importantes pérdidas económicas para el sector agropecuario. A comienzos de 2026, alrededor del 30% del territorio nacional continuaba bajo condiciones de sequía.
Un llamado a fortalecer la política ambiental
Para FARN, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra forman parte de una misma crisis ambiental que también tiene consecuencias sociales y económicas.
El IAF 2026 sostiene que Argentina aún tiene margen para revertir la situación, pero advierte que el tiempo para alcanzar las metas de 2030 es cada vez más limitado. En ese sentido, propone fortalecer las políticas públicas ambientales, recuperar el financiamiento de los organismos encargados de la conservación, cumplir con los compromisos internacionales y avanzar hacia un modelo de desarrollo que preserve los bienes comunes estratégicos.
El análisis fue elaborado por Ana Di Pangracio, Ana Parellada y Camila Mercure, quienes remarcan que el país necesita recuperar una agenda ambiental sólida para enfrentar de manera integrada los desafíos del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del territorio.
