Represas del Comahue: Nación y provincias acuerdan canon por uso del agua

Tras meses de negociaciones, el gobierno nacional destrabó finalmente el conflicto político con Neuquén y Río Negro que frenaba la licitación para reprivatizar cinco represas clave del Comahue. El acuerdo incluye un canon para las provincias por el uso del agua de los ríos Limay y Neuquén, y allana el camino para la venta del paquete accionario de las centrales hidroeléctricas que generan el 25% de la energía hidroeléctrica del país.

Según confirmó EconoJournal a partir de fuentes del sector público y privado involucradas en la operación, Neuquén y Río Negro cobrarán un 1% cada una por el uso del recurso hídrico, un punto central para destrabar la publicación de los pliegos de licitación del complejo conformado por las represas El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita.

La licitación, prevista originalmente para fines de abril, había sido postergada mientras se buscaba un entendimiento entre los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck con el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La falta de acuerdo exponía al gobierno al riesgo de impugnaciones por parte de las provincias, que reclamaban participación en los activos de las represas.

El reclamo provincial y el nuevo esquema

Desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 124 garantiza que las provincias son titulares de los recursos naturales en sus territorios. En ese marco, Neuquén y Río Negro exigían un rol activo en la operación de las represas, una pretensión que derivó en prórrogas sucesivas de los contratos de concesión vencidos.

Ambas provincias incluso sancionaron leyes propias para regular el uso del agua y fijar cánones hídricos: Neuquén estableció una tasa de US$ 0,0050 por metro cúbico, mientras que Río Negro dispuso el cobro del 5% del total facturado por la venta de energía al Mercado Eléctrico Mayorista. Sin embargo, ninguna de estas normativas fue reglamentada.

La postura inicial del gobierno nacional era que las regalías hidroeléctricas, que ascienden al 12% de la facturación, ya eran una compensación suficiente. No obstante, en el nuevo acuerdo, Nación habilitó que esas regalías puedan cobrarse en especie, es decir, en energía.

Milei y el modelo de libre mercado

El proceso de reprivatización fue acelerado en agosto de 2024 con la firma del Decreto 718 por parte del presidente Javier Milei. La normativa excluyó a las provincias de cualquier participación accionaria y ordenó a la Secretaría de Energía avanzar con la licitación del paquete accionario de las represas.

A su vez, se dispuso la transferencia de las acciones que estaban en manos de Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina, en línea con la Ley Bases y el plan de reforma del Estado impulsado por el oficialismo, que contempla el retiro de la Nación de múltiples empresas energéticas.

Precio diferencial para contener tarifas

Uno de los aspectos más relevantes de la licitación es la exigencia de que las empresas adjudicatarias vendan el 95% de la energía producida a precios regulados, destinados a cubrir la demanda prioritaria (usuarios residenciales) durante los primeros dos años.

Ese precio será definido por la Secretaría de Energía y se ubicará entre los US$ 15 y 20 por megawatt hora, es decir, por debajo de la mitad del precio actual del costo monómico, que ronda los US$ 68 por MWh. El 5% restante podrá ser vendido a precio libre en el Mercado a Término (MAT), aunque con una ventana recién habilitada hacia el último cuatrimestre del año.

Gradualmente, el porcentaje de energía que podrá comercializarse libremente crecerá, ampliándose un 10% adicional cada uno o dos años, según lo determinen los pliegos.

Con este modelo mixto, el Ejecutivo busca evitar una suba abrupta en las tarifas eléctricas para los hogares, al mismo tiempo que limita la necesidad de incrementar los subsidios estatales al sistema energético.

El inicio del proceso de licitación marca un nuevo capítulo en el vínculo entre Nación y provincias en torno a la gestión de recursos estratégicos, y redefine el mapa de la generación hidroeléctrica en la Argentina.